Proyecto contra corrupción en empresas va al Congreso

Según el secretario de Transparencia de la Presidencia, que hoy lanza un programa al respecto, la iniciativa le da más herramientas a la Supersociedades para perseguir y castigar a firmas que incurran en estas prácticas, endurece las sanciones y define mejor el soborno transnacional.

Redacción Portafolio
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febrero 10 de 2015
2015-02-10 04:03 a.m.

En medio del escándalo por el pago de comisiones de un exdirectivo de la multinacional Petrotiger a un funcionario de Ecopetrol a cambio de asignarle un contrato, hoy el Gobierno lanzará un programa que busca desincentivar las prácticas corruptas y fortalecer la competitividad en las empresas del país.

El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, le explicó a Portafolio en qué consiste la iniciativa que ya recibió el apoyo de grandes formas como Alpina, Bavaria, Ecopetrol, Hocol, Pfizer y Siemens y que sería suscrita próximamente por un centenar de empresas más.

¿En qué consiste la iniciativa?

Estamos buscando poder medir a las compañías en el cumplimiento de distintos estándares de prevención de corrupción. Queremos que se evalúe el nivel de liderazgo de los directivos en generar el ambiente favorable a la denuncia y la protección de los denunciantes. También, estaríamos midiendo cómo avanzan en la generación de un código de ética y de conducta que establezca de forma clara las conductas prohibidas, regulaciones en materia de conflicto de intereses y el deber de denuncia que tienen todos los empleados.

Por ejemplo Julio Gómez justifica la corrupción diciendo que no hay otra forma de contratar con el Estado sino pagando comisiones. ¿Qué decir?

Eso lo que demuestra es que la corrupción es un baile que requiere de dos: la parte que recibe el soborno y el que paga. Ahí el trabajo de las firmas que forman parte de este registro de empresas activas en cumplimiento de anticorrupción se vuelve muy relevante, porque no son las empresas mirándose al ombligo sino un grupo de ellas evaluándose entre sí y que aseguran, a través de una metodología muy exigente, que cada una está desarrollando sus mejores esfuerzos para que no la toque la corrupción.

¿En el futuro exigirán este registro para contratar con el Estado?

Es un mecanismo de participación voluntaria y no podría ser una imposición legal. Además, con esto recogemos experiencias como la brasileña, en la cual hace años vienen con un proyecto similar con excelentes resultados.

¿Existen acá suficientes mecanismos de control a la corrupción privada?

Esos instrumentos se han ido fortaleciendo. En particular, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) ha desarrollado capacidades importantes para identificar operaciones anómalas a través del sistema financiero, con el fin de recopilar la evidencia que se requiere para sacar adelante los casos de corrupción en el sector privado, pero adicionalmente la Superintendencia Financiera, la Supersociedades, la Dian y la Fiscalía han venido colaborando con el desarrollo de la Policía Económica y Financiera, que es una especie de fuerza de tarea conjunta que permite identificar movimiento bancarios y operaciones anómalas.

¿Dónde se ha visto su actuación?

Un caso emblemático es el de InterBolsa o el de desgreños de recursos a la Dian.

¿Cuántas denuncias han llegado a la Secretaría de Transparencia?

Hemos tramitado 3.275 denuncias desde el 2013. Normalmente las recibimos y hacemos seguimiento a las autoridades que investigan los casos y al estado actual de los procesos.

¿Algún caso especial?

En noviembre pasado logramos la judicialización, captura y allanamiento a cargos de un funcionario del Icbf de Nariño. Estamos pendientes de que llegue una sentencia condenatoria en contra del ex director regional de esa entidad. Un contratista lo denunció y aportó evidencia de que exigía extorsión por adjudicar un contrato de alimentos por unos 1.500 millones de pesos.

¿Hay instrumentos adecuados para atacar la corrupción en empresas?

El código penal y el estatuto anticorrupción tienen una serie de normas que permiten sancionar a las personas del sector privado por prácticas de corrupción. Una de las cosas que nos hacen falta es poder sancionar a las personas jurídicas, y por eso el año pasado llevamos al Congreso un proyecto de ley que adecua la legislación colombiana para cumplir con la convención antisoborno de la Ocde. El proyecto ya se radicó y esperamos que se dé el primer debate en marzo.

¿Qué contiene el proyecto?

Le da atribuciones a la Superintendencia de Sociedades en la persecución de las personas jurídicas involucradas con prácticas corruptas y establece sanciones muy duras, con multas muy significativas que buscan ser un elemento disuasorio contundente.

¿Qué más trae la norma?

Además, el proyecto define más precisamente el soborno transnacional, con el fin de cumplir con los estándares exigidos por la Ocde.

AUTORIDADES Y OCDE EVALÚAN AVANCES

El próximo sábado, el Secretario de Transparencia, Camilo Enciso, y otras autoridades, se reunirán con altos dignatarios de la Ocde a evaluar en qué va la implementación de la política pública integral anticorrupción en el país, así como los avances para la aprobación de la ley al respecto y los pasos que siguen después de este.

“La Ocde también se ha mostrado interesada en evaluar permanente cómo estamos avanzando en la articulación entre las distintas entidades encargadas de vigilar y castigar los actos de corrupción.

Por eso, una decisión tomada hace algunas semanas fue reactivar el comando anticorrupción, del cual hacen parte la Secretaria de Transparencia, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía”, añadió Camilo Enciso.

Néstor Alonso López

Economía y Negocios

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