El plan de estímulo económico que anunció el Gobierno, conocido como Pipe 2.0, es menos potente de lo que parece a primera vista, pues prácticamente todos los dineros ya habían sido presupuestados, lo cual es consistente con las actuales restricciones fiscales.
No obstante, creemos que algunas medidas podrían contribuir a moderar parcialmente la desaceleración económica de los próximos dos años, especialmente en el sector de la construcción.
En contraste, creemos que las medidas que comprometen gasto no ejecutado de vigencias anteriores lucen optimistas y su impacto sobre la actividad económica podría tardar más de lo que anticipa el Gobierno.
El Pipe 2.0 contempla un total de 16,8 billones de pesos en inversión pública (infraestructura educativa y vial, construcción de vivienda urbana y rural, inversiones en las regiones a través del uso de recursos no ejecutados de regalías y de excedentes de ahorro pensional regional) y en medidas sectoriales dirigidas principalmente a la industria y al sector minero-energético.
El costo de este plan es muy significativo, especialmente si se compara con los 5 billones del primer plan Pipe de hace dos años. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos aspectos relevantes sobre su ejecución y financiamiento, que lo hacen menos potente de lo que parece a primera vista.
Primero, no todos los recursos serán ejecutados este año. Las inversiones están programadas para un periodo de hasta 8 años y su ejecución no está distribuida uniformemente en el tiempo.
Por ejemplo, los nuevos subsidios para la adquisición de vivienda implican el desembolso de 11 billones de pesos desde 2015 hasta 2023, especialmente porque una parte se destinará a cubrir una porción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios por 7 años.
En contraste, la iniciativa de infraestructura educativa, que está orientada a construir 31 mil aulas, proyecta una inversión de 5 billones de pesos (2 billones que aporta la Nación, y el resto proviene de regalías, entes territoriales, y alianzas público-privadas) por 4 años a partir de diciembre de 2015. En consecuencia, esta medida no tendrá un impacto en el crecimiento económico de este año.
Segundo, la mayoría de los gastos del Pipe 2.0 (al menos unos 10,2 billones de pesos) no implica una adición al presupuesto de 2015 a 2018, mientras que casi todo el monto restante corresponde a recursos no ejecutados de vigencias anteriores y liberación de excedentes de ahorro a nivel regional, que no serán de fácil ejecución en el corto plazo.
En consecuencia, creemos que su capacidad de generar un estímulo adicional a la actividad económica será limitada.
Tercero, a pesar de las limitaciones por la ausencia de nuevos recursos, varios gastos están siendo reenfocados hacia inversiones más efectivas, así que sí hay cierto espacio para generar algún impacto positivo sobre el crecimiento económico en el corto plazo.
Por ejemplo, la iniciativa de estímulo a la construcción de vivienda urbana, por 1,1 billones de pesos, no necesitará nueva financiación.
La razón subyace en que la segunda fase de construcción de 100 mil viviendas gratuitas se redujo a 80 mil.
De esta forma, los recursos de las viviendas gratis que dejarán de construirse se destinarán al otorgamiento de 40 mil nuevos subsidios a la tasa de interés de créditos de vivienda No VIS, y 30 mil nuevos cupos para el programa de subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés de créditos de vivienda VIS para familias de bajos ingresos.
El multiplicador de estos nuevos subsidios sobre la actividad económica es muy superior al de las viviendas gratis, lo cual refuerza nuestra expectativa de que este sector presentará un mejor desempeño que el del resto de la economía en 2015 y 2016.
El programa de 4 billones de pesos para impulsar la construcción de carreteras está desplazando inversiones que estaban programadas para vías terciarias, hacia vías primarias y secundarias, las cuales pueden comenzar a ejecutarse con mayor celeridad.
El programa de 5 billones de pesos para la infraestructura educativa está desplazando recursos que se iban a destinar a la refacción de instalaciones y a salarios de maestros, hacia la construcción de nuevos colegios.
Cuarto, los recursos de vigencias anteriores se están asignando de tal forma que tienen el potencial de generar un mayor estímulo económico a nivel regional, pero tenemos serias dudas en cuanto a su implementación.
Para los 4,3 billones de pesos no ejecutados de regalías, el Gobierno está adoptando medidas para agilizar la aprobación de proyectos y el giro de recursos, incluyendo una mayor flexibilidad para convocar los órganos de decisión y la reducción de los términos para la emisión de conceptos, entre otros.
Además, dado que el presupuesto de regalías es bienal, hay un límite de 50% en la ejecución de recursos de vigencias anteriores para cada año del periodo, pero con el Pipe 2.0 no se aplicaría dicho límite, permitiendo la ejecución de más recursos en un solo año.
En cuanto a los 1,5 billones de excedentes de ahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), el Gobierno logró liberar más recursos de lo que se estimaba previamente debido a la actualización de sus modelos actuariales, y del descongelamiento de algunos excedentes. Recordemos que las entidades territoriales pueden retirar ahorros del Fonpet y destinarlos a otras inversiones, cuando el nivel de cubrimiento de su pasivo pensional sea superior al 125%.
A pesar de que las regiones están disponiendo de más recursos para ejecutar en 2015, no es claro que estén en la capacidad de invertirlos en nuevos proyectos antes de finalizar el año; mientras que el próximo año se posesionan los nuevos alcaldes y gobernadores, y los niveles de ejecución en el primer año de las administraciones regionales tiende a ser relativamente bajo.
Andrés Pardo Amézquita
Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana