Razones para mitigar riesgo de corrupción desde la empresa

Redacción Portafolio
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marzo 17 de 2014
2014-03-17 12:24 a.m.

Walmart divulgó, en febrero de este año, un informe financiero en el que prevé un gasto aproximado de 240 millones de dólares en el próximo año fiscal para atender las mejoras requeridas en su programa de cumplimiento global anticorrupción y los costos de investigación relacionados con las posibles violaciones a la Ley de EE. UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Treinta y ocho millones de estos gastos representan costos imputados a la atención de las investigaciones en México, donde estas se activaron por las denuncias contra ejecutivos de la sucursal de Wal-Mart en ese país, acusados de sobornar a funcionarios mexicanos para abrir tiendas en lugares privilegiados. Recientemente, las investigaciones se han extendido a la operación que tiene la compañía en otros países como Brasil, India y China.

Avon, destacada multinacional de productos de belleza, ha estado abocada a asumir gastos por más de 330 millones de dólares desde el 2009, relacionados con las investigaciones y revisiones a su programa de cumplimiento en anticorrupción por violaciones a la FCPA, referidas a pagos de soborno a funcionarios públicos en China y otras naciones como Argentina, Brasil y México.

Entre las consecuencias derivadas de este proceso, Avon viene afrontando un decrecimiento en sus ventas en algunos de sus mayores mercados. El valor de sus acciones coincidentemente también se ha visto afectado,

El caso de Embraer –el fabricante de aeronaves insignia de Brasil, el tercero más grande de aviones comerciales del mundo– constituye la primera investigación conocida de la FCPA sobre una gran corporación multinacional con sede en América Latina. La Securities and Exchange Commission (SEC)de Estados Unidos, involucra potenciales pagos ilícitos por parte de la compañía en países como Argentina, donde se investigan sobornos para obtener $900 millones en contratos de venta sobre 22 jets de pasajeros a Aerolíneas Argentinas, empresa controlada por el Gobierno de ese país. En República Dominicana, se investigan sobornos por aproximadamente 3,4 millones de dólares para ganar un contrato por 90 millones de dólares, para la venta de ocho aeronaves.

La investigación Siemens, que finalizó con el acuerdo de la FCPA más costoso es otro ejemplo. Solo los gastos de investigación representaron un costo para la compañía estimado en 1 billón de dólares.

Lo anterior, referido a gastos de investigación no a las multas y sanciones impuestas y por imponer. El proceso de enforcement o aplicación de las leyes anticorrupción, principalmente la U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), es cada vez más estricto y su cobertura trasciende fácilmente las fronteras de las compañías con operaciones en el extranjero.

Al parecer resultan modestas las inversiones de las compañías en programas de cumplimiento anticorrupción, cuya efectiva funcionalidad permite que las irregularidades sean identificadas antes de generar un daño más grande. Evitar los costos de una revisión mayor, se logra si se tiene acceso a informes regulares de auditoría de cumplimiento, registros de debida diligencia aplicados, informes de monitoreo sobre terceras partes, resultados de las investigaciones a socios comerciales y registros de las capacitaciones a directivos, empleados, proveedores, agentes y distribuidores de la compañía.

El reto de fortalecer y actualizar los controles internos sobre procesos vulnerables a la corrupción, así como los avances tendientes a mejorar el gobierno corporativo y la conducta ética empresarial, puede hacer la diferencia. La corrupción encuentra un enorme semillero en la tolerancia de las malas prácticas por parte de la alta gerencia. La adecuada gestión de riesgos de corrupción requiere una estructura de gobierno corporativo, en la que la gerencia, la junta directiva, la auditoría y los comités establecidos, tienen un rol determinante.

La Encuesta de Fraude en Colombia 2013, de KPMG, destaca cómo la implementación de mecanismos de prevención de crímenes económicos que abarcan la corrupción, permite reducir el riesgo hasta 70 por ciento. La misma encuesta describe entre los efectos de la corrupción para el sector empresarial: incrementos en costos de operación (34 por ciento), distorsión en los precios de mercado (23 por ciento).

La tendencia internacional apunta a la necesidad de mitigar los riesgos relacionados con corrupción en el sistema general de gestión de riesgos de las organizaciones. El deseo de ingresar a la Ocde por parte de varios países de Latinoamérica, trae como reto en el campo del combate a la corrupción, que las empresas asuman programas de cumplimiento en anticorrupción con controles efectivos para mitigarlos. El nivel de desarrollo y efectividad de esos controles constituye un atenuante en casos de responsabilidad de las personas jurídicas por hechos de corrupción. Recientes leyes locales en Chile, Brasil y México traen este enfoque, también en ese sentido avanzan proyectos en Perú y Colombia. El Banco Mundial puso en su lista negra a 150 empresas por fraude, corrupción u otras faltas graves en los primeros siete meses de 2013.

En Latinoamérica estas medidas aún son vistas más como un costo que como una inversión. El trabajo sistemático en el campo de la prevención sigue siendo reemplazado por un enfoque preponderante en las acciones de tipo reactivo.

Alma Rocío Balcázar

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