Lo que representa Petro para narcotráfico institucionalizado

Para comenzar a solucionar el problema de las drogas y desmontar este eje de la guerra, se hace necesario un esfuerzo mancomunado de todos los sectores involucrados.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
enero 10 de 2014
2014-01-10 12:23 a.m.

Hasta ahora es poco o nada lo que se ha preguntado la ciudadanía sobre las implicaciones del desmonte de las mafias de las basuras para el narco y microtráfico.

No nos hemos interrogado sobre la posibilidad de que la inconformidad con Petro radique, asimismo, en el hecho de que el desmonte de las mafias de la basura haya podido ocasionar perjuicios a algunos aliados, modalidades y rutas de trasiego de drogas entre los centros de acopio y sus ollas.

El rastro de esta mafia nos lleva a personas vinculadas con paramilitares decididas a consolidar una red nacional que cumple múltiples propósitos.

El negocio de las basuras, además de facilitar el lavado de dineros y el transporte de drogas y armas al interior de las ciudades –por la cercanía de los rellenos sanitarios a los puertos– facilita la salida de cocaína y entrada de armas.

Tampoco hemos analizado la inquietud que suscitan entre los narcotraficantes, cada vez más centrados en el mercado interno, los proyectos pilotos desarrollados por la administración Petro para comenzar, por la vía del acercamiento institucional a los usuarios, a meter en cintura el consumo problemático, uno de los mercados de más alta rotación y enriquecimiento del narco.

El éxito potencial de las acciones de terreno desarrolladas por Petro, –desmonte de la mafia de las basuras, prohibición del porte de armas y la apertura a diversos proyectos que permitirían a las instituciones comenzar a tomar las riendas del mercado de consumo– preocupa al narcotráfico.

Aunque en Colombia, ajeno al narcotráfico hay bien poco, todos las miradas están enfocadas en los acuerdos mínimos de drogas de La Habana, y seguimos sin encarar el papel preponderante que desempeña el narcotráfico enquistado en puestos de poder público en la propagación del consumo y conflicto interno.

El narcotráfico institucionalizado se resiste a la paz, pues le preocupa que la desmovilización de los grupos guerrilleros, al eliminar su más trillado escudo, obligue por fin a reconocer que las ligas mayores del narcotráfico y su criminalidad son justamente ellos: los agentes institucionales y partidistas. Se resiste a la regulación de las drogas, ya que su prosperidad se la debe a la corrupción que propicia el imposible cumplimiento inherente a las actuales normas antinarcóticos prohibicionistas.

De tal forma, es natural su temor de que las acciones de hecho como la distribución controlada y el control de calidad y de los productos en el mercado para un consumo responsable, llenen los vacíos que deja la normatividad actual a la corrupción.

Para comenzar a solucionar el problema de las drogas y desmontar este eje de la guerra, se hace necesario un esfuerzo mancomunado, concesiones, de todos los sectores involucrados –narcotráfico en las instituciones y por fuera de ellas, consumidores, cultivadores y agentes antinarcóticos–.

El narcotráfico aún no logra vislumbrar cuál podría ser su papel si el negocio de las drogas se reglamenta y/o en un país en paz; en un país, un mundo, en el que se libere a los consumidores, a los que considera enfermos y esclavos. Aunque ha sabido diversificar sus fuentes de enriquecimiento, la descriminalización de esos millones de consumidores y cientos de miles de productores y millones de colombianos atados al microtráfico cerraría una de las más grandes ventanas por las que logra todo tipo de cruces.

La descriminalización de las drogas, junto con la deposición de las armas de los grupos insurgentes, amenaza con asestar un duro golpe a sus negocios conexos.

En cuestión de tierras, el cese de las fumigaciones, como principio de descriminalización del campesinado, pondría fin a una de las modalidades de desplazamiento con las que el narcotráfico armado e institucionalizado ha sabido acumular grandes extensiones de tierras.

Lo que tendrían que sopesar estos sectores es si, justamente, no es esta también una oportunidad única para ellos sanar sus cuentas. Entre otras, porque, para atraer la inversión, turismo y respeto extranjeros que tanto invocan, se hace ineludible acabar con la plaga de aquella pequeña delincuencia que se propaga a la sombra de la corrupción de las instituciones que ellos mismos fomentan. Sea cual sea su opción –proyectarse hacia mercados de futuro ligados a la paz o seguir aferrados a un país provinciano de caciques arraigados en la corrupción y las armas–, el principio del fin del narcotráfico ya no tiene reversa.

Esos millones de electores colombianos que son consumidores responsables de drogas y que no tienen problemas con o por su consumo exigen políticas sensatas y el derecho a la legalidad y a la salud, suya y la de los consumidores problemáticos.

La masiva reacción popular ante la destitución de Petro es una de las tantas espontáneas manifestaciones de apoyo a estas visiones alternativas que nacen del seno de las experiencias sociales nacionales.

Las movilizaciones urbanas y agrarias no son contrarias a la paz, son el llamado de estos ciudadanos para ser partícipes de ella. Del acatamiento de la voz popular y la consolidación de economías licitas y solidarias depende no solo la justicia social que se requiere para que la paz sea una realidad, sino el fin del espectro de drogas y corrupción que necesita Colombia para insertarse sanamente en el comercio internacional.

Este propósito nacional también tendrá que manifestarse en las urnas para no seguir empoderando a aquellos sectores cuya vocación ilícita seguramente comprometería la crucial implementación de los acuerdos de paz a la sombra del narcotráfico institucionalizado.

María Mercedes Moreno

Coordinadora Colectivo MamaCoca

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