Reto de las cajas con el campo

En Colombia, no existe ningún régimen laboral especial para los trabajadores rurales, ni el derecho agrario ha logrado abarcar en su totalidad las dimensiones que tiene el trabajo rural en nuestro país.

Redacción Portafolio
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marzo 30 de 2015
2015-03-30 03:35 a.m.

Las cajas de compensación familiar siempre han querido ir más allá de su filosofía original, la muestra es que hoy atienden servicios de salud, niñez desamparada, subsidios de vivienda –con marcado éxito–, programas de nutrición a la población de escasos recursos, y muchos otros más, que hacen del subsidio familiar un sistema pionero y exitoso, casi único en el mundo.

Además, lo dijo el exministro de José Antonio Ocampo en Asocajas: “Las cajas de compensación son un agente que ha sido extremadamente eficiente en el desenvolvimiento del sistema de protección social colombiano”.

Teniendo en cuenta estas dos perspectivas, en las cajas de compensación familiar somos conscientes de que tenemos que mirar ahora hacia el campo, con el fin de ayudarle al país a saldar la deuda histórica con la población rural como elemento esencial para la paz.

En Colombia, unos 600 municipios son ciento por ciento rurales, que, por lo general, tienen menos de 25.000 habitantes, más su población dispersa. Esto indica que el 60 por ciento de los municipios y el 30 por ciento de la población siguen siendo rurales.

Según datos de la Misión para la Transformación del Campo, en Colombia persiste un conflicto en el uso de la tierra y la informalidad de la propiedad, al punto que, por lo menos, el 60 por ciento de las fincas del país no tienen títulos.

Sin embargo, hoy por hoy, el mayor problema social del campo es la alta informalidad de su población, afectada además, por grandes brechas sociales, con problemas de seguridad alimentaria, sin acceso a vivienda digna, sin protección social de ninguna índole y un alto grado de analfabetismo que, en suma, conforman hoy las problemáticas que enfrenta el agro colombiano para avanzar hacia un sistema equitativo y solidario, que le garantice el acceso a los beneficios de la seguridad social.

Aquí es donde las cajas de compensación familiar pudieran tener un protagonismo social a través de sus múltiples modalidades de servicio, pero no lo pueden hacer solas. Se requiere un avance significativo en materia de seguridad social, facilitando el acceso a derechos como la salud y la pensión, eso sí con la obligación del Estado a generar políticas especiales para la población con mayor vulnerabilidad que, por lo general, son campesinos pobres.

Para ello es necesario mirar modelos de países de la región que han sido exitosos como los de Brasil, Chile y México, donde el aumento en la inversión social en el campo ha sido significativo. El programa Bolsa Familia, en Brasil, tuvo un impacto significativo en la población rural, porque igualaron los ingresos por transferencias en gastos de comida, siendo la dificultad para alimentarse una de sus principales problemáticas (superando el 45,6 por ciento). Chile tiene un sistema de protección social denominado Red Protege, mediante el cual busca cubrir todas las necesidades de las personas dentro de su ciclo vital, disminuyendo las desigualdades y contribuyendo a la equidad social.

México ha desarrollado los programas Oportunidades y Procampo, con los que genera transferencias de dinero hacia las zonas rurales, principalmente, a mujeres cabeza de hogar y para la inversión en capital humano. De igual manera, tiene otros programas para la agricultura de subsistencia como red de soporte para garantizar la seguridad alimentaria en la población rural.

No obstante, en Colombia, no existe ningún régimen laboral especial para los trabajadores rurales, ni el derecho agrario ha logrado abarcar en su totalidad las dimensiones que tiene el trabajo rural en nuestro país. De igual forma, el régimen de la seguridad social, estructurado a partir de la Ley 100, tiene como finalidad garantizar las prestaciones económicas y de salud para quienes tienen capacidad económica suficiente y garantizar la ampliación de coberturas frente a quienes carecen de capacidad económica.

En este sentido, la seguridad social se estructura a través de los sistemas generales de pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y servicios sociales complementarios, financiados a través de aportes o de subsidios. La afiliación, que garantiza el acceso a la totalidad de las prestaciones, depende de la suficiencia de los recursos con que cuente la persona, así como las condiciones propias en las que viva para acceder a los programas para población vulnerable, caso en el cual se garantiza el acceso a los sistemas de salud y a los servicios sociales complementarios.

Es más, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, pretende reconocer en el sector rural la concentración que existe en los niveles de pobreza, la falta de educación y las problemáticas de infraestructura, violencia y narcotráfico, por lo que centra sus esfuerzos en la modernización de este sector, que garantice la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y la organización en materia de propiedad de tierras.

En fin, es la hora del campo, y las cajas de compensación familiar están prestas a colaborar con el Gobierno Nacional en su objetivo social con los trabajadores rurales para que tengan acceso a la totalidad de prestaciones de la seguridad social, disminuyendo en esta población los niveles de riesgo social.

Álvaro José Cobo Soto

Presidente Ejecutivo Asocajas

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