La reversión de bienes en los contratos de celulares

Redacción Portafolio
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septiembre 24 de 2013
2013-09-24 11:39 p.m.

Según lo que conocemos del reciente fallo en derecho de la Corte Constitucional, originado por iniciativa de la Contralora, en defensa de los intereses de la Nación, esta Corte ha reiterado lo que establecen los contratos originales de celular, a saber: “al finalizar el término de la concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasan a ser propiedad de la Nación…”.

¿Qué hacer en consecuencia para bien de los colombianos y la industria? Analicemos el contexto colombiano, de por si bien sui generis. Como indica la gráfica, Colombia, México, Ecuador y Perú son los países -con población considerable- con los sectores móviles más concentrados del mundo.

Llama la atención que, de acuerdo a lo que conocemos, el fallo de la Corte hace también referencia a la promoción de la competencia y a evitar el abuso de la posición dominante sobre los bienes de la concesión. Interesante postura que habrá que ver cómo instrumenta el Gobierno. Sobre ello hay recientes antecedentes. En la subasta llamada ‘de 4G’, los operadores ya existentes pagaron por las licencias entre 60 y 84 por ciento más que los nuevos (74 millones de dólares), dada su posición de ventaja en el mercado y los bienes que ya tienen funcionando, y han sido debidamente pagados.

Los bienes directamente afectados a la concesión constituyen hoy en día un activo esencial para la prestación del servicio, en especial aquellos referidos a la infraestructura de torres, casetas de equipos, energía y protecciones. No en vano, muchos operadores en el mundo han vendido dichos bienes a terceros en sumas muy importantes, aliviando sus estados financieros de grandes inversiones. Crown Castle, American Tower y SBA Communications han adquirido en el mundo y en Colombia dichos bienes, en precios que oscilan entre 100.000 y 350.000 dólares por torre, en figuras de compra o arrendamiento a largo plazo, lo cual ilustra el enorme potencial e interés que existe en proveer infraestructura a los operadores de comunicaciones móviles, más aún de cara a las nuevas y enormes expansiones que serán requeridas para proveer los servicios de 4G LTE. No extraña, entonces, que los ingresos en esta modalidad de negocio crezcan entre 20 y 40 por ciento anual.

Imaginemos lo que podría suceder si la infraestructura que afecta directamente a las concesiones en Colombia es actualmente de la nación, y cuál es su valor. Pero más importante todavía es saber cuáles serían los impactos en el futuro del sector.

Si la nación recibe dichos bienes en marzo del 2014, podría proceder a establecer una figura de arrendamiento a largo plazo, recibiendo, en consecuencia, varios billones de dólares, durante, por ejemplo, 30 años. Es conocido en el sector que esta figura, utilizada por empresas como Telefónica, T-Mobile y Millicom International, produce grandes beneficios tanto a quien vende como a quien compra. Quien vende libera grandes recursos de capital que usa en servicio al cliente y modernización de sus redes de comunicaciones, y quien compra recibe unos activos estratégicos, asegurando un flujo creciente de ingresos a largo plazo. Además, al compartir el uso de la infraestructura entre varios operadores, se mitiga el impacto ambiental, se optimizan las inversiones y el uso del espectro, se reducen los precios al consumidor, se acelera la inversión en redes de 4G LTE, se facilita la atención de emergencias, y se asegura a la nación un flujo de ingresos, que es crítico para cerrar la brecha digital.

El Gobierno podrá, igualmente, establecer a quien, en un proceso competitivo y abierto, gane el derecho a utilizar dichos bienes, requisitos especiales de expansión e incluso de modernización de redes, de modo que la calidad del servicio se optimice. Igualmente, se ampliaría la oferta de proveedores del servicio, y por ende la competencia.

Si se analiza, por ejemplo, el efecto de la inversión en un caso de negocio para la nueva subasta de 700 MHz, llamado dividendo digital, se puede concluir que entre el 40 y 50 por ciento del total de la inversión corresponde a infraestructura (ya que su compartición ha sido de por sí bien difícil en Colombia), y que el número de celdas a desarrollar se duplica si se restringe el espectro a, por ejemplo, 2 por 10 MHz, en lugar de 2 por 30 MHz. Todo esto se optimizaría si la nación provee la infraestructura en banda baja, que recibiría al finalizar los contratos de concesión actuales.

¿No será que ha llegado la hora de analizar, como lo han planteado para discusión México, Chile y Brasil, otorgar una licencia de uso de espectro para un solo carrier? ¿Ya el Gobierno estructuró la Red Nacional de Fibra Óptica? ¿Por qué no hacer lo mismo aquí con bienes de la nación?

Daniel Medina Velandia

Exministro de las TIC

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