Revisión de las perspectivas de la economía colombiana

Aunque el Gobierno ha anunciado un nuevo plan de choque para amortiguar la caída en el Producto Interno Bruto, con inversiones y gastos en el programa Pipe 2.0, la situación económica requiere mucho más que iniciativas de corto plazo.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
agosto 13 de 2015
2015-08-13 03:37 a.m.

El cambio en el entorno económico global y colombiano, producido por la drástica reducción del precio internacional del petróleo, el bajo crecimiento de los países desarrollados, la desaceleración de la economía China y la incertidumbre frente a las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, son factores que presentan cambios significativos en muchas de las variables de análisis de la economía colombiana.

Lo primero que hay que resaltar es que existe una gran diferencia entre vulnerabilidad y crisis. Ciertamente, la reducción del precio del crudo a tenido un impacto en la caída del PIB y en las finanzas públicas, dado que el petróleo representa cerca del 5 por ciento del mismo, sin incluir el efecto multiplicador de los servicios petroleros y 20 por ciento de los ingresos del Gobierno Central. Por otra parte, la tasa de cambio se ha venido devaluando en coyunturas específicas, en las cuales el precio del hidrocarburo baja adicionalmente, o algún factor económico alerta a los agentes sobre una posible reducción adicional.

Frente a la debilidad de algunos subsectores industriales y agrícolas durante la década de bonanza minero-energética para aprovechar la devaluación del peso, no puede haber una respuesta inmediata de los principales sectores productivos del país en los nuevos acontecimientos. La cuenta corriente que refleja el cambio abrupto de tendencia en los términos de intercambio de los precios de las exportaciones colombianas frente a los de las importaciones, registra un elevado nivel del 6,5 por ciento del PIB.

De otro lado, los análisis del Banco Central sobre las expectativas de inflación, indican que el aumento reciente es transitorio, producido por restricciones en la oferta de alimentos, y la existencia en Colombia de una tasa de cambio flexible permite amortiguar hasta cierto punto los cambios en precios de los importables y exportables. La tasa de cambio que ha registrado niveles considerables de devaluación parece estar cerca de un nuevo punto de equilibrio, en términos de la paridad del poder de compra de la moneda. El sistema financiero colombiano sigue comportándose sólidamente.

Por supuesto, para evitar que las vulnerabilidades se conviertan en crisis, se requiere una serie de medidas de parte de las autoridades y del sector privado.

El financiamiento del déficit de cuenta corriente requiere de mayor austeridad en el gasto público, frente a lo cual el Ministerio de Hacienda está ajustando el gasto en el presupuesto del 2016. Sobre esto es conocido que Colombia está en mora de un ajuste estructural de sus finanzas públicas por la vía tributaria, contribuyendo a la reducción del desequilibrio de las finanzas públicas. Por otra parte, los informes que se han conocido de la comisión nombrada por el Gobierno para evaluar la situación fiscal parecen ir en una dirección acertada cuando se propone una reducción en las elevadas exenciones de fundaciones y corporaciones, y cuando el principal instrumento de ajuste es el impuesto al valor agregado, que no agrave la situación generada con los impuestos patrimoniales de la última reforma. Por supuesto, el mantenimiento de la regla fiscal es un gran mensaje al mercado mundial de que Colombia quiere seguir haciendo las cosas bien en materia de financiamiento público.

Aunque el Gobierno ha anunciado un nuevo plan de choque para amortiguar la caída en el crecimiento económico, con inversiones y gastos en el programa Pipe 2.0, esta situación económica requiere mucho más que iniciativas de corto plazo.

La restauración del ritmo de crecimiento de mediano y largo plazo, que estuvo basado en el sector minero-energético –sin abandonar este ramo–, requiere decisiones estructurales de largo plazo que permitan introducir cambios en la estructura económica para hacer posible un crecimiento sostenido de la productividad total de los factores. En esta dirección van muy bien encaminados todos los programas de modernización y mejoramiento de la infraestructura física de largo plazo que se están acometiendo y que se seguirán ejecutando en los próximos años. También son muy acertados los cambios en la política educativa, dirigiendo la inversión hacia la calidad de la educación. No se ven muy promisorias las inversiones en programas de ciencia y tecnología con la debilidad institucional de Colciencias y la complejidad de decisiones sobre los proyectos por parte de los Ocads.

El gasto público que se realice solo con fines electorales no van en esta precisamente dirección, e impedir la privatización de Isagen para cambiar la propiedad de un activo que sigue en Colombia con reglas de juego de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a cambio de una mejor posición competitiva del país para propiciar las exportaciones y el acercamiento de las ciudades a los puertos, no es una buena señal.

Tampoco va en una buena dirección la interpretación del acuerdo agrícola sobre la paz, si el énfasis del desarrollo futuro se concentra exclusivamente en la agricultura campesina, que puede centrarse en productos exportables y no exportables que no requieren grandes extensiones para ser eficientes y deja de lado la agricultura exportadora promisoria. Por supuesto, un buen acuerdo de paz podría propiciar también un cambio estructural de largo plazo.

Luis Alberto Zuleta J.

Consultor empresarial

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