Sector agropecuario, urge régimen laboral especial

Hay que buscar alternativas que le permita a esa gran mayoría de trabajadores gozar de los beneficios con los que hoy no cuenta, aliviando las cargas laborales que pocos pueden soportar.

Redacción Portafolio
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febrero 24 de 2015
2015-02-24 04:24 a.m.

El director de la Misión Rural, José Antonio Ocampo, propuso extender los servicios sociales que prestan las cajas de compensación familiar a las zonas rurales. Más allá de la discusión sobre el alcance de las funciones que desempeñan y del uso de los recursos que administran, resulta pertinente discutir la propuesta a la luz de la realidad laboral en el campo colombiano, pues como bien lo menciona el exministro “hay barreras como la informalidad laboral”, que dificultan su desarrollo.

En el sector agropecuario y en las zonas rurales, la informalidad es alarmante: 92 por ciento de los ocupados no está afiliados a un sistema de pensiones, según el Dane; 49 por ciento está por cuenta propia y 11 por ciento, realiza trabajo familiar sin remuneración; el 77 por ciento de los ocupados gana menos de un SMLMV y para el sector agropecuario, responsable del 63 por ciento del empleo rural, el ingreso es de 329.072 pesos, promedio mensual a precios del 2011, según el DNP, teniendo que competir por mano de obra con actividades como la minería, en la cual el ingreso promedio supera los 474.568 pesos mensuales. Los trabajadores por cuenta propia ganan en promedio, 251.713 pesos.

Este precario nivel de ingresos, explicado por los bajos niveles de productividad de la agricultura –Colombia ocupó el puesto 19 y se ubica por debajo del promedio regional, según la Cepal–, se ve reflejado en la cobertura del sistema de seguridad social y especialmente, en el de pensión, pues está construido sobre el salario mínimo, sin tener en cuenta las características del sector (ciclo productivo, productividad, mercado), ni las diferencias entre lo urbano y lo rural. El Índice de Pobreza Multidimensional muestra que, mientras en el campo el 45,9 por ciento de la población vive en la pobreza, en el país es del 24,8 por ciento. La línea de pobreza se ubica en la mitad de lo que ganan los trabajadores por cuenta propia y, de acuerdo con Fedesarrollo, la canasta de consumo rural es el 60 por ciento del valor de la urbana. Un marco institucional laboral para el sector debe consultar estas realidades.

Perú ha avanzado en esta dirección. Tiene un régimen especial para el sector, aplicado a las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de cultivos y/o crianzas, así como la agroindustria, siempre que utilice mayoritariamente producción nacional. Hace un reconocimiento explícito del carácter estacional de la producción y, en consecuencia, dispone de una amplia gama de posibilidades (flexibilidad) de contratación, con aspectos diferenciales frente al régimen general en salarios, vacaciones, indemnización por despidos, sistema de salud y pensiones.

No se puede negar que el camino a seguir para transformar esta realidad es el diseño y la puesta en marcha de políticas que permitan alcanzar el potencial de desarrollo del sector, como ya lo está haciendo la Misión Rural, pero, mientras ellas se desarrollan y concretan, insistir en un régimen inflexible y costoso, agrava el problema.

El Gobierno ha hecho esfuerzos para hacer frente a esta situación: Colombia Formal, Beneficios Económicos (BEP), Colombia Mayor y las medidas del Decreto 2616/013, que permiten la posibilidad de cotizar la pensión por semana, desvinculando la cotización para pensión de salud, son muestras de ello. Pero estas iniciativas no consultan las particularidades del sector. El Decreto 2616, por ejemplo, mantiene el aporte a las cajas de compensación, desconociendo que los servicios que prestan están lejos de la gran mayoría de la comunidad rural, amparan solo a los dependientes y la cotización sigue atada a un salario que no refleja la productividad del sector.

La alternativa no es única, es compleja. Debe partir del reconocimiento de las dinámicas del ramo. El censo agropecuario es el punto de partida de una reforma que le permita al sector tener un régimen laboral especial. Con la información se deberá hacer una caracterización de las condiciones laborales por productor y ciclo productivo. Estos análisis enriquecerán algunas discusiones: la de la flexibilidad laboral, en términos de modalidades de contratación y de salarios, y la eliminación de sobrecargas como los aportes a las cajas de compensación, en sectores en los cuales más que un beneficio para el trabajador y su familia, se convierten en un obstáculo para la formalización.

El objetivo es dar al trabajador informal un conjunto de beneficios, que hoy no tiene, a un costo accesible para los empleadores. Hay que diseñar incentivos que incorporen alternativas financieras como la parafiscalidad –un porcentaje del precio de los productos cuando se encuentre por encima de un determinado nivel para un fondo para la vejez– o la deducción de un valor mayor sobre los pagos por salarios y prestaciones sociales del impuesto de renta o la posibilidad de otorgar incentivos que faciliten la migración temporal. Se deben buscar alternativas que le permitan a esa gran mayoría de trabajadores gozar de los beneficios con los que hoy no cuenta, aliviando las cargas laborales que pocos pueden soportar.

Francisco Estupiñán Heredia

Presidente Bolsa Mercantil de Colombia

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