El sector privado en la coyuntura actual del proceso de paz

Redacción Portafolio
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julio 18 de 2015
2015-07-18 03:40 a.m.

Los procesos de paz en Colombia históricamente han tenido como protagonista al Estado, como es natural, tanto en el actual proceso como en los anteriores. Sin embargo, el Estado mismo, los rebeldes y la sociedad civil han reclamado la participación del sector privado porque interpretan que hay una relación importante entre el desarrollo social y el desarrollo económico, particularmente en lo local, en las regiones.

Hacia la década de los noventa,  el sector empresarial  comenzó a participar más en las gestiones de paz, pero con poca visibilidad de sus acciones y mediante el involucramiento de sus líderes, más que de las empresas mismas. Fue una participación tímida, cautelosa y sin profundidad.

En el actual proceso de paz, la actitud del sector privado es diferente. Veamos. Por un lado, desde el anuncio del inicio del proceso, en el primer período de Santos, el sector privado -en general- celebró la iniciativa y no vaciló en respaldarla. Y emprendió una ruta interesante para mostrar su compromiso: fortalecimiento de la inversión social voluntaria en las regiones, respaldo a las iniciativas público-privadas, comprensión y aplicación de los Derechos Humanos a nivel de la empresa e interés en ayudar al Estado a fortalecer las instituciones en las regiones, entre otras demostraciones. Sin duda, habrá mucho aún por hacer, pero hay un camino recorrido.

Ya para el período 2014-2018, desde la campaña electoral, el sector privado selló su compromiso con la paz al jugársela por Santos a pesar del afecto, admiración y gratitud que muchas empresas colombianas y multinacionales sienten por Uribe. Hubo algunas desalineaciones gremiales, fue una decisión difícil para el sector, pero se impuso el patriotismo y el compromiso  del empresariado con el país, particularmente en regiones leales al Ex Presidente, como Antioquia, en donde los grandes líderes de los más renombrados grupos empresariales decidieron apostarle a la reconciliación nacional.

Inició así el segundo período de Santos en el que el respaldo electoral a la paz legitimó la decisión del sector empresarial de comprometerse con el proceso. Esta legitimidad animó a muchos líderes empresariales y a muchas empresas a alinearse estratégicamente con la paz: considerar la reinserción de desmovilizados a través de las organizaciones empresariales, realizar más inversión social, fortalecer la inclusión social (programas laborales enfocados en víctimas de la violencia, minorías, etc), acercar los servicios y productos a las regiones en conflicto, y comenzar a pensar más el desarrollo económico desde las regiones y no solo desde las grandes capitales. Empezamos así a ver publicidad empresarial promoviendo la paz y la reconciliación nacional.

El proceso fue avanzando y pese a sus altibajos-que no han sido pocos- el sector empresarial ha mantenido su compromiso, o por lo menos, no ha hecho explícitas sus preocupaciones y posiciones adversas. Pero hace 2 semanas llegó la prueba de fuego: las encuestas revelaron por primera vez que la sociedad colombiana no cree en el proceso y comienza a reconsiderar seriamente la opción armada. Los medios desde entonces han estado analizando las implicaciones de este nuevo escenario para el Gobierno, pero poco se ha dicho acerca de las implicaciones para el sector empresarial. Y son varias.

La primera conclusión es que si el camino trazado por el Gobierno Santos hacia la paz carece de legitimidad social, como lo expresan las encuestas, el sector privado se queda sin piso para respaldar el proceso. O en otras palabras, los empresarios y las empresas podrían parecer caprichosos si le apuestan al proceso. En el terreno práctico, sería impopular o fallida la inversión de tiempo y recursos de las empresas en el proceso de paz; o sería impopular una publicidad empresarial que promueva la paz. ¡Grave!.

Pero a las encuestas se sumaron los anuncios posteriores del Presidente Santos: noviembre como fecha límite y desescalamiento del conflicto hacia un cese bilateral, los cuales pueden significar mucho para el sector empresarial. Por un lado, la fecha límite atiende la preocupación del sector privado de avanzar en un proceso sin marco cronológico, lo cual resulta inconveniente para la proyección de inversiones y para la planeación estratégica de alto nivel empresarial. La fecha cerrada también ayuda a las multinacionales a mandar un mensaje de más certidumbre a sus casas matrices. Por otro lado, el desescalamiento del conflicto puede tener varias lecturas en el mundo empresarial. A favor, las empresas pueden ayudar a seguir fortaleciendo las instituciones del Estado en las regiones, a llenar de forma creativa y decidida los espacios que deja la violencia y a convertirse en aliado de las regiones en conflicto. En contra, las empresas tendrán que vigilar el compromiso del Estado y de las fuerzas armadas en particular, por proteger las operaciones en las regiones porque desescalar no debería significar desproteger la inversión privada.

Miguel Ángel Herrera

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