Las protestas de Catatumbo y de los arroceros, cafeteros, cacoteros y paperos, así como las que anuncian los lecheros y ganaderos, demuestran que la política de desarrollo rural y agrícola ha brillado por su ausencia.
Independientemente de que se llegue o no a un acuerdo final con las Farc, el Estado tiene la responsabilidad de trazar un programa que impulse las zonas rurales, generando desarrollo agropecuario y agroindustrial que les brinde empleos, y, de esta manera, acceso a una vida digna a los campesinos.
Pero no podemos confiarnos en que lo urbano está mejor que lo rural. Los sectores abandonados a su suerte en las zonas urbanas aún no cierran vías ni incendian tractomulas, pero están inconformes con la pérdida de ingresos, empleos y oportunidades.
Durante los dos últimos años he insistido a la administración Santos en la urgencia de desarrollar una política industrial competitiva e innovadora de nueva generación, que cree empleos, exportaciones y crecimiento en Colombia.
En el pasado, un gran generador de empleos y exportaciones en Bogotá y varias ciudades como Bucaramanga, Cali, Cúcuta e Ibagué fue el sector del calzado y la marroquinería, e hizo parte de los grupos industriales que concentraba el mayor número de personal ocupado.
Según la reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) y la Muestra Mensual Manufacturera (MMM), la producción, ventas totales y ventas al mercado interno de calzado registraron en el primer trimestre del 2013 una reducción de -13,4%, -2,0% y -1,0%, respectivamente, y en las exportaciones una disminución de -19,9% en pares de zapatos, totalizando 309 mil pares.
Las importaciones, en contraste, en el mismo periodo del 2013, pasaron de 12 millones de pares a 19,8 millones, en su mayoría de China, sin tener en cuenta el contrabando creciente, con lo cual al año puede significar el ingreso de cerca de 110 millones de pares de zapatos, combinando los que entran por vías legal e ilegal.
El aumento del 32% de importaciones obedece, entre otras, a la reducción de aranceles del Decreto 4114 del 5 de marzo del 2010, al comportamiento de la tasa de cambio y al débil control de las aduanas del país.
Si bien es cierto que Acicam ha venido planteando al Gobierno la preocupación sobre el sector, también existen asociaciones de productores más pequeñas que presentan, con urgencia, su clamor por el impacto en los estratos 1 y 2 que han perdido miles de empleos directos e indirectos, pues en la actualidad el calzado chino representa aproximadamente el 75% del consumo nacional, poniendo en jaque la cadena productiva local.
Las asociaciones de pymes de fabricantes Ascalonar, C-cubo, Fedecuero y Ansecalz & Afines, consideran que el valor del producto importado es muy bajo frente a los elevados costos de producción internos y exigen medidas efectivas antes del ingreso de zapatos al país para evitar el contrabando técnico de calzado que inunda el comercio y las calles del comercio informal en todas nuestras ciudades.
Con razón piden, además, impedir la exportación del cuero crudo o wet blue (sobre lo cual también hicimos recomendaciones a la administración Santos hace más de dos años), pues no tiene sentido exportar las pieles sin valor agregado privando a la industria nacional de una materia prima esencial para ellas y para fabricar las cápsulas de los medicamentos.
Finalmente, rechazan la firma de nuevos TLC y piden que las compras estatales se hagan con productos nacionales y no importados.
Algunas de estas solicitudes son difíciles de atender por las obligaciones derivadas de los acuerdos de libre comercio ya vigentes, pero muchas de ellas son válidas y requieren interlocutoría y respeto por parte del Gobierno Nacional.
El pasado 6 de junio, Bogotá fue testigo de la marcha de fabricantes de zapatos, en su mayoría del barrio Restrepo de Bogotá, y, al final de la misma, el Ministro de Comercio Exterior se comprometió a atenderlos en una cita el pasado 26 de junio, que a la víspera canceló intempestivamente.
Con razón las pymes fabricantes de calzado están en la desesperanza, pues de la mano de estas cifras frías están el empleo de miles de personas y el ingreso digno con el cual esperan alimentar a su familia o llevar una existencia noble, teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores son personas de la tercera edad que, por supuesto, no tienen pensión ni reciben subsidios del Gobierno.
Será, entonces, que solo con un gran paro nacional, que afecte las vías de las ciudades más perjudicadas, como el que ya están anunciando, lograrán hacerse oír de las autoridades? ¿Será el barrio Restrepo el Catatumbo en Bogotá, el que se sume a las angustias y al desgobierno de esta atribulada ciudad?
Marta Lucía Ramírez
Exministra de Comercio