Los problemas de movilidad urbana en Bogotá y otras ciudades colombianas exigen ciudadanía. Sociedad civil organizada. Claro que los problemas de movilidad no son los únicos asuntos públicos huérfanos de ciudadanía activa y deliberante.
Lo que pasa es que ahora, cuando se ha puesto en marcha el proceso del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la capital colombiana, es realmente urgente la presencia de la ciudadanía como usuaria del transporte público, como contribuyente al Tesoro, como habitante de una de las grandes ciudades del mundo.
El paro de hace dos semanas mostró que las masas bogotanas no comprenden la violencia de la que son víctimas, no muestran interés en conocer algo que afecta radicalmente su vida diaria. Es una ausencia enorme. Sólo el lumpen y la marginalidad extrema encuentran instrumentos en el tropel y los desmanes. A este ritmo, en pocas semanas el paro no será más que una molestia olvidable.
Una ciudadanía deliberante debe estar informada. Y ese es el principal bloqueo que sufre la participación ciudadana en este caso. A los medios de prensa les falta información crucial sobre el mundo del transporte público. Por la falta de ésta, prevalecen los prejuicios en los consejos editoriales y en la mayoría de las columnas de prensa.
Por muchas y graves declaraciones que haga, la Administración Distrital no le ha podido comunicar bien a la gente de qué se trata todo esto del SITP y de sus condiciones. Se desvanece la diferencia entre la información pública responsable y la pura propaganda de ocasión en boca de los gobernantes.
En fin, debiera haber una liga de ciudadanos y ciudadanas por la información veraz y completa sobre el presente y el futuro posible de la movilidad urbana. Una voz que les exija al Alcalde y su gabinete que relaten con juicio y ordenadamente cómo es este enredo. De ribete, hay un elemento realmente lamentable: los miembros de ese mundo complejo y conflictivo del transporte colectivo tampoco muestran interés alguno en educar a la ciudadanía sobre sus propósitos y sus reclamos.
Sobre el capítulo más importante de la gestión pública en Bogotá, que es el SITP, la deliberación y la pelea parecen reservadas exclusivamente a la Secretaría de Movilidad y a los llamados 'transportadores'.
Cuando los medios hablan de 'los transportadores', ¿a quiénes se refieren, realmente? Es un grave error, muy frecuente, meter en el mismo saco a todos los miembros de la comunidad del transporte. En Bogotá hay 67 empresas afiliadoras de los vehículos del transporte colectivo.
¿Quién sabe cuál es la más grande, en términos del número de vehículos afiliados? ¿Cuántas de ellas concentran, digamos, el 80 por ciento de los vehículos? Cuando algunos medios hablan de los 'cacaos' del transporte, ¿se refieren a algunas empresas en particular? ¿Alguien habrá visto el balance agregado de las empresas afiliadoras, para entender el tamaño relativo de este negocio? ¿Sabemos que las empresas pueden ser propietarias de vehículos? ¿Cuántos de éstos son de propiedad de las compañías afiliadoras? ¿Estará claro en la mente de la gente que hay más de 14 mil propietarios de los 17 mil buses, busetas y microbuses que hay en Bogotá? ¿Cuántos propietarios de bus son también sus conductores? ¿Es cierto que los conductores no tienen contrato de trabajo, ni están afiliados al sistema de seguridad social?
Las respuestas a preguntas como estas son fundamentales para conocer adecuadamente un sistema al que Bogotá debe darle fin para que venga un mundo más moderno, más limpio, más cómodo, más civilizado, que es el SITP. Bogotá sufre el sistema actual del transporte. Pero lo desconoce. Así, la transición será torpe y probablemente generadora de heridas sociales innecesarias.