Viabilidad económica y fiscal del nuevo acuerdo social

Se requiere una asesoría técnica desde un órgano independiente, que brinde los insumos para asegurar un cuerpo constitucional viable en términos económicos y fiscales, para que los acuerdos que exige el posconflicto sean factibles y realizables, y no se queden en grandes ideas en el aire.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
octubre 02 de 2014
2014-10-02 03:46 a.m.

El posconflicto requerirá recursos imposibles de calcular, hasta tanto se conozcan los compromisos adquiridos en la negociación. Pero las consecuencias exigen al Gobierno su evaluación económica, más allá de los acuerdos políticos y sociales, para evitar que las partes sentadas en la mesa sueñen un país justo y moderno, ideal, realizable en un plazo improbable o, peor aún, indefinido.

De la Constitución Política de 1991 se afirma acertadamente que fue un acuerdo de paz entre las fuerzas que tuvieron asiento en la Asamblea Nacional Constituyente, con representación ideológica -incluso antagónica- que plasmó simultáneamente una carta de derechos fundamentales para todos los ciudadanos, junto con la protección de derechos individuales en favor de los agentes más fuertes.

Los constituyentes no hicieron el cálculo del costo y con esta imprevisión las exigencias económicas para cumplir los compromisos excedieron, y exceden en la organización política y económica vigente, las posibilidades de financiación para un Estado como el nuestro. Así, entonces, el pacto de paz contiene un conjunto de metas que orienta las decisiones de cada gobierno, sin un plazo cierto para asegurar su vigencia real.

Adicionalmente, las acciones violentas de sectores levantados contra el Estado, ausentes en el pacto del 91, frenan las posibilidades de desarrollo y el logro de propósitos sustanciales como la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad y obviamente la paz, entre otros, razón por la que desde su primer período el presidente Santos emprendió la opción política para el cese de la confrontación armada. Con el temor del regreso a la crispación y ambiente pendenciero de ocho años, diversas vertientes ideológicas refrendaron en las urnas la voluntad de una alternativa civilizada, con énfasis en un mandato para lograr un nuevo acuerdo de paz que cierre definitivamente la opción militar y abra la puerta ancha de la solución democrática a las diferencias internas. En términos prácticos implica no escatimar movimientos ilegales, entre ellos a quienes participaron en el proceso de Justicia y Paz, cuyas deficiencias, por ejemplo, en reinserción y reconciliación evidencian debilidades conceptuales que deben impedirse en esta nueva experiencia.

Con el antecedente de la Constitución del 91 es claro otra vez el riesgo de compromisos sin recursos ni previsiones en el tiempo, en la perspectiva del equipo negociador que a nombre del Gobierno actúa como preconstituyente pues, aunque hay diferencias en la forma para refrendar el eventual acuerdo, la salida institucional pasa por la convocatoria a una nueva Asamblea.

En la estructura del Estado, los ciudadanos han delegado en la Contraloría General de la República la evaluación de las decisiones estructurales y coyunturales sobre los recursos públicos. Constitucionalmente evalúa a la administración y asesora técnicamente en las materias de su especialidad al Congreso de la República, órgano que directamente representa a los ciudadanos en las funciones legislativas y en el ejercicio del control político. Pero a diferencia de este, la Contraloría no tiene ni representa partido político alguno, es una entidad con plena autonomía administrativa y presupuestal, y cumple sus atribuciones y competencias con independencia respecto de las demás ramas del poder público y, por supuesto, sin injerencia alguna de intereses particulares.

Con estas competencias constitucionales y legales, en representación de los ciudadanos, la Contraloría tiene pendiente asumir la evaluación y viabilidad de los ajustes fiscales y de las inversiones y gastos que requerirá el escenario institucional y de políticas que se acuerde en La Habana. Esta asesoría técnica, desde un órgano independiente, brindará los insumos para asegurar un cuerpo constitucional viable en términos económicos y fiscales, complemento indispensable del acuerdo político, para hacerlo factible, sin perjuicio del control fiscal posterior y selectivo sobre los cuantiosos recursos del posconflicto, anunciado por el Contralor General.

Gabriel Muriel
Magíster en Estudios Políticos
Universidad Nacional

 


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