Hace unos días, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado llamó la atención de la opinión con respecto al elevado número de procesos judiciales que buscan obligar al fisco a pagar sumas enormes. De acuerdo con la entidad, hay cerca de 387.000 demandas en marcha, con pretensiones por 369 billones de pesos, sin contar los 3,4 trillones correspondientes a una acción de grupo interpuesta por las víctimas del desplazamiento forzado.
A esas contingencias, vale la pena agregar las interpretaciones de los jueces que tocan el sistema general de pensiones. Para citar un caso, las sentencias del Consejo de Estado sobre factores salariales e ingreso básico de liquidación podrían tener un costo de 59 billones de pesos en valor presente, si acaban cobijando a todos los servidores públicos.
Más de uno podrá pensar que es un asunto de equidad, pero en caso de que la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se extienda a los nietos como familia de crianza de los actuales y futuros jubilados, el valor asciende a 14,3 billones de pesos. De ampliarse el círculo a la denominada familia extendida, el monto subiría a 20 billones de pesos.
Por su parte, el Congreso también trata de meter baza con propuestas que serían impagables. Así, reducir el número de las semanas de cotización exigidas a las mujeres de 1.300 a 1.150, valdría 70 billones de pesos, mientras que reajustar las mesadas con base en el salario mínimo y no en el Índice de Precios al Consumidor, exigiría 101 billones de pesos. Y en cuanto al subsidio para el programa Colombia Mayor, ubicarlo por encima del valor de la línea de pobreza valdría casi 125 billones.
Todo lo anterior muestra que el Gobierno entrante necesita tener la guardia arriba, si quiere evitar sorpresas desagradables. Aparte de mantener el déficit fiscal bajo control por cuenta del comportamiento de ingresos y gastos, está el desafío de las sentencias judiciales y las propuestas parlamentarias, las mismas que recuerdan que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.