Si algo refleja la mala hora de Cartagena es la noticia según la cual la Superintendencia de Notariado y Registro encontró 19 problemas individuales en 19 licencias de construcción concedidas en la ciudad, lo cual eleva el número de edificaciones en situación de irregularidad a más de medio millar. El reporte se suma a la interinidad política en una capital cuyo alcalde renunció desde la prisión y que se enfrenta ahora a la incertidumbre propia de una elección en la cual pueden volver a estar los mismos con las mismas.
No obstante, más allá del nombre de quien acabe triunfando en las urnas, el desafío de la Heroica es de instituciones. Tanto órganos como el Consejo Municipal o los encargados de vigilar el buen uso de los recursos públicos han caído en los tentáculos de la corrupción, como lo demuestran los procesos que adelantan la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.
Si bien los datos sobre la evolución de la economía regional son alentadores, ya sea en materia de crecimiento o empleo, no hay que ignorar otra realidad. Esta tiene que ver con una altísima incidencia de la miseria, que supera con creces el promedio nacional. Las disparidades sociales acaban siendo el caldo de cultivo para lacras como violencia, inseguridad o turismo sexual, que vienen en alza.
Más inquietante aún es que en la medida en que no haya una administración decente a nivel local, lograr ganarle la batalla a la marginalidad será una labor casi imposible. El caso de los constructores que hacen trampa con la ayuda de funcionarios que se venden por unos pesos es llamativo, pero no es el único.
Debido a ello, la ciudad tiene que volver a pensar en lo que debe hacer para combatir las mafias que la dominan. Justo cuando se celebra su declaración de independencia, Cartagena enfrenta su más duro combate: sacar a los piratas que están dentro de la muralla.