No cesan los reportes provenientes del área de Barrancabermeja por cuenta de los 550 barriles de petróleo que cayeron a la quebrada La Lizama y el Caño Muerto a mediados de marzo. El escape de crudo, proveniente de un pozo abandonado, ha impactado la flora y la fauna de la zona, además de afectar el suministro de agua y la vida cotidiana de la región.
Al respecto, lo más fácil es rasgarse las vestiduras y llegar al extremo de exigir que Colombia abandone la explotación de hidrocarburos por los riesgos ecológicos que conlleva. Aunque no hay duda de que el país necesita diversificar sus fuentes de exportación y aprovechar su potencial en materia agrícola, eso es distinto a proscribir el sector extractivo.
Por lo tanto, hay que pensar con cabeza fría y reaccionar para controlar la emergencia. Eso es precisamente lo que ha hecho Ecopetrol, cuya experiencia en el tema no tiene discusión. Medio millar de personas adelantan la labor de limpieza, que incluye el uso de productos para romper las moléculas de la llamada mancha negra, cuyo tamaño disminuye.
Ante los cuestionamientos públicos, la empresa entendió que la única actitud posible es la de poner la cara. En tal sentido, vendrán las reparaciones del caso, orientadas sobre todo a mejorar el bienestar de la comunidad que habita en el área damnificada. Ojalá los avivatos de siempre no traten de pescar en río revuelto, algo que alargaría un proceso que exige hacer un buen censo del área afectada y poner en marcha diferentes estrategias.
Es de imaginar que lo sucedido dejará lecciones que servirán para que un episodio similar no se vuelva a repetir. Pero aquí lo importante es tener un responsable con capacidad de responder en los frentes requeridos.
No ocurre así, lamentablemente, con los estragos que dejan la minería ilegal y el terrorismo, culpables de vertimientos enormes que han envenenado bosques y ríos. Sería bueno que la indignación que se observa en las redes sociales se dirigiera también hacia los autores de estos crímenes irreparables.