Los involucrados en el tema saben que hay un problema de consistencia en las cifras. No obstante, todavía no existe una buena explicación para la que, a primera vista, se presente como una incuestionable paradoja.
De acuerdo con un comunicado expedido ayer por el Ministerio de Minas, en el 2017 el país produjo 41,06 toneladas de oro, 34 por ciento menos que en el año inmediatamente anterior. La postura gubernamental es que el descenso es atribuible a esfuerzos para formalizar el sector, que incluyen el registro único de comercialización de minerales o los requisitos exigidos con respecto a la capacidad económica de las firmas comercializadoras del metal amarillo.
El problema es que tales estadísticas no se ajustan a las de exportaciones publicadas por el Dane. Tal como se informó la semana pasada, las ventas de oro no monetario ascendieron a 58 toneladas, 20 por ciento más que en el 2016. Cuando se mira lo facturado, la suma ascendió a 1.807 millones de dólares, casi 250 millones más que en el ejercicio previo.
Es posible que parte del desfase esté relacionado con manejo de despachos o acumulación y salida de inventarios. Sin embargo, los conocedores consideran que la diferencia no debería ser tan grande, pues se trata de 17 toneladas. Otra posibilidad es que se cuente más de una vez la producción aurífera que llega a una zona franca y vuelve a salir de allí.
Sea como sea, vale la pena que las autoridades hagan la tarea de resolver el acertijo. La Dian, que es la fuente primaria, debería examinar su metodología y hacer las correcciones necesarias, si ese fuera el caso. Otras instancias están obligadas a garantizar que aquí no hay lavado de activos, ni nada por el estilo.
La transparencia es clave en un segmento llamado a crecer, dados los proyectos en marcha. De manera paulatina, la ilegalidad y la informalidad pierden terreno, gracias a los esfuerzos hechos. Sin embargo, los números deben ser confiables y no prestarse a preguntas que, por ahora, no tienen respuesta.