Tras conocerse el lunes el reporte entregado por la Oficina para Política Antidrogas de la Casa Blanca, según el cual los cultivos de coca en Colombia llegaron a un máximo histórico de 209.000 hectáreas, las reacciones no se hicieron esperar. Aparte del jalón de orejas de Washington, que consideró “inaceptable” el incremento, se escucharon críticas en el país por lo que más de uno calificó de descalabro.
A su favor, la administración Santos destacó el nivel récord de incautaciones de cocaína. En términos prácticos, cerca de la mitad de la droga manufacturada en el país acabó en poder de las autoridades, a pesar de que los narcotraficantes han variado sus métodos para exportar el alcaloide.
Pero más allá del debate con respecto a lo sucedido y las opciones de política hacia el futuro, vale la pena examinar algunos números. Según las cuentas estadounidenses, el potencial de producción colombiano ascendió a 921 toneladas de cocaína en el 2017, un salto del 19 por ciento con respecto al año previo. Si bien el aumento del área sembrada llegó al 11 por ciento, el rendimiento por cosecha subió.
Con respecto al impacto que esa suma tiene sobre la economía nacional, lo más fácil es usar como parámetro el precio que se habría discutido durante las reuniones que han puesto a Jesús Santrich al borde de la extradición: 1,5 millones de dólares por tonelada. Puesto de otra manera, las ventas brutas habrían ascendido a 1.381 millones de dólares, bajo el supuesto de que todo lo que se fabricó acabó siendo negociado al valor indicado.
Tales cálculos no tienen en cuenta que hay carteles que entregan el polvo blanco en el puerto de destino o que se encargan de la distribución, lo cual aumentaría los ingresos de aquellos que se dedican a esta actividad. Sin embargo, también es claro que las organizaciones criminales mexicanas controlan más eslabones de la cadena, por lo cual es deleznable la afirmación de que la de Colombia es una narcoeconomía, así enfrente ahora un dolor de cabeza mayúsculo por cuenta de la coca.
