Tal como es usual en Donald Trump, los adjetivos estuvieron presentes en su discurso de ayer en Indianápolis, cuando presentó los elementos principales de su propuesta en materia de impuestos de renta. “Este es un cambio revolucionario”, señaló el mandatario.
Y sobre el papel, así es. En lo que atañe a las empresas, la tarifa máxima pasaría del 35 al 20 por ciento. No menos significativa sería la idea de disminuir o eliminar los gravámenes que hoy se cobran por ganancias obtenidas más allá de las fronteras estadounidenses. Con el fin de conseguir la repatriación de cientos de miles de millones de dólares que están en otras latitudes, habría un cargo por una sola vez para que ese dinero ingrese a territorio norteamericano.
Con respecto a los individuos, las siete tarifas de ahora se reducirían a tres: 12, 25 y 35 por ciento, aunque no están claros los niveles de ingreso que se aplicarían en cada caso. Por otra parte, se eliminarían las deducciones de impuestos estatales y locales, al igual que el tributo a las sucesiones.
En teoría, el plan suena atractivo, como lo demostró la reacción de Wall Street, en donde las acciones cerraron al alza. Sin embargo, no hay un proyecto de ley escrito todavía, sino un documento de nueve páginas que es más un compendio de iniciativas que algo verdaderamente estructurado.
Y ahí está el punto flaco de este intento. Solo hasta tener definiciones precisas será posible hacer las sumas y restas con el fin de sacar las cuentas sobre cómo se comportarán los recaudos públicos.
La idea es que lo que se pierde por un lado se recuperará a través de una mayor actividad económica. Pero los técnicos desean ver los números a ver si dan. De lo contrario, y tal como ya le ha sucedido a Trump en el Congreso, es probable que aquí tampoco pase nada.
