La pelea duró 14 años, una vez estalló la crisis del 2001. Fue a partir de ese momento que Argentina se vio obligada a declarar la moratoria en el pago de su deuda pública, convirtiéndose en una especie de paria en los mercados financieros internacionales.
Si bien con el paso del tiempo se lograron acuerdos con parte de los tenedores de bonos emitidos por Buenos Aires, una proporción importante de los acreedores se negó a un arreglo. Los títulos acabaron en manos de fondos de inversión, en activos de alto riesgo que reciben el apelativo de ‘buitres’ y que buscaron, por todos los medios, recuperar el 100 por ciento del capital original.
Varios intentos resultaron fallidos, hasta que un juez neoyorquino decidió en favor de los demandantes. Ante la negativa del gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, la corte ordenó que el país austral no le podía pagar a nadie, mientras no arreglara sus pendientes.
La tensión entre las partes no hizo más que aumentar en los meses siguientes. Faltó que en diciembre llegara Mauricio Macri, como nuevo inquilino de la Casa Rosada, para encender una luz de esperanza que empezó a alumbrar a comienzos de febrero y cuyo destello brilló con fuerza el domingo pasado.
Y es que fue ese día cuando las partes encontraron una fórmula que implica un recorte del 25 por ciento sobre el valor nominal de las acreencias, aparte del pago de intereses atrasados y otros costos. Para saldar todas sus cuentas, el Gobierno argentino planea emitir bonos por 12.000 millones de dólares.
Antes de hacerlo necesitará la luz verde del Congreso, dominado por la oposición. Pero todo indica que la conseguirá, porque si algo existe ahora es capacidad de endeudamiento. Y eso permitirá aumentar el gasto en este difícil 2016.
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