Ricardo Ávila
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Crimen y castigo

No deja de ser una gran ironía que la esperanza de una sanción verdaderamente aleccionadora recaiga en lo que digan los jueces de otro país.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
marzo 11 de 2018
2018-03-11 07:30 p.m.
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El error matemático que cometió la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, en el cálculo de la pena del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, sirvió para poner aún más de relieve que aquello del ‘castigo ejemplar’ es un concepto poco profundo en Colombia. Y es que si bien la condena no fue de 42, sino de 58 meses, al ciudadano del común le parece muy poco para alguien cuyas prácticas solo pueden calificarse de criminales.

Es verdad que el exfuncionario pasará mucho más tiempo en prisión, pues enfrenta varios cargos por parte de la justicia estadounidense, incluyendo el de lavado de dólares. Solo cuando sea sentenciado y cumpla con la detención que se le imponga, volvería a Colombia a completar su tiempo en prisión.

Sin embargo, no deja de ser una gran ironía que la esperanza de una sanción verdaderamente aleccionadora recaiga en lo que digan los jueces de otro país. La extradición, cuyo propósito inicial era el de perseguir a las cabecillas del narcotráfico, acaba siendo un instrumento para compensar las debilidades de un sistema que no es particularmente punitivo frente a un delito que, como lo muestran las encuestas, es el que más le preocupa a la opinión.

Por otro lado, está la polémica con respecto a las reparaciones monetarias de aquellos asociados a los múltiples casos de venalidad. La percepción de que los responsables de millonarios desfalcos acaban teniendo que devolver tan solo una fracción de los fondos que se perdieron deja la sensación de que, al final de cuentas, el condenado puede conservar una buena parte del patrimonio mal habido, confirmando la impresión de que el crimen sí paga.

Debido a ello, vale la pena que el tema vuelva a analizarse con miras a eventuales reformas que prueben ser un disuasivo más efectivo que las normas actuales. De lo contrario, los colombianos seguirán considerando que la lucha contra la corrupción se sigue perdiendo, afectando no solo la credibilidad institucional, sino la propia marcha de la economía y el ánimo de emprender del sector privado.

ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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