Ricardo Ávila
Editorial

Cantos de sirena

La semana pasada, Asobancaria criticó al gobierno por su tardanza en la presentación de una nueva reforma tributaria al Congreso.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Opinión
POR:
Ricardo Ávila
agosto 07 de 2016
2016-08-07 07:15 p.m.
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La semana pasada, Asobancaria criticó al gobierno por su tardanza en la presentación de una nueva reforma tributaria al Congreso. Lo llamativo no es que un gremio critique a la administración de turno, sino que lo haga por esos motivos: Colombia debe ser uno de los pocos países del mundo donde los empresarios claman para que les hagan una reforma impositiva.

En el caso del sector bancario, la queja era justificada. Hace un par de semanas, la agencia Moody’s le redujo la perspectiva a la calificación de los bancos colombianos, lo que les empieza a poner presión a la hora de buscar recursos externos. Y aunque los argumentos de la calificadora para tomar la decisión aludían al impacto de la desaceleración económica sobre la situación del sector, la Superintendencia Financiera ha mostrado que esta no se ha deteriorado: la cartera sigue creciendo por encima de la economía y mantiene buenos niveles de calidad, y los bancos tienen índices de solvencia superiores a los que exige la regulación.

Con esos resultados, ¿cómo se explica la decisión de Moody’s? Para los analistas está claro que estamos ante el impacto sectorial de un problema general: la decisión de las calificadoras más importantes del mundo de bajar la perspectiva de su evaluación sobre la deuda soberana colombiana. Palabras más, palabras menos, todas han argumentado lo mismo: la caída de los precios del petróleo dejó al gobierno en una situación financiera precaria y urge la presentación de una nueva reforma tributaria.

Por supuesto, nada de esto es nuevo. Desde comienzos de este año, cuando se conocieron las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios sobre una nueva reforma, quedó claro que era esencial presentarla este año para evitar una caída de la calificación de Colombia, justo cuando el país tiene grandes necesidades de financiamiento externo. Pero también desde ese entonces se conoció la posición del gobierno al respecto: solo se presentaría la reforma al Congreso después de que se hubiera votado el plebiscito por la paz, porque invertir el orden de esos procesos equivaldría a un suicidio político. Al fin y al cabo, es muy difícil que alguien vote a favor de cualquier iniciativa gubernamental después de que le han subido los impuestos.
El problema es que el tiempo pasa a toda velocidad y los plazos se agotan. Los temores sobre las decisiones de las calificadoras se han ido materializando, y aun no se ve luz al final del túnel del plebiscito. Si bien la reciente decisión de la Corte Constitucional de avalarlo constituye un paso valioso, su convocatoria no se puede dar mientras no concluya la negociación entre el Gobierno y las Farc, que parece no terminar nunca.
Con el fin de agilizar las cosas, el presidente Santos anunció que presentará los acuerdos al Congreso una vez concluida la negociación, incluso sin que se haya dado la firma oficial, lo que adelantaría un poco la convocatoria del plebiscito. Pero incluso en ese escenario, el panorama sería crítico: bajo el supuesto optimista de que la negociación terminara a fines de agosto, el plebiscito tendría lugar a mediados de octubre, y solo quedarían dos meses para tramitar la reforma tributaria en el Congreso, un plazo ínfimo para la que se supone que debe ser una reforma estructural de alta cirugía.

Pero las cosas pueden ser aún peores. La semana pasada, el expresidente César Gaviria, quien lidera la campaña oficial por el sí, dijo que el gobierno no debería estar afanado por terminar la negociación, ni siquiera teniendo en cuenta la urgencia de la reforma tributaria. Poco a poco han empezado a aparecer voces que sugieren que el gobierno debería aplazar aún más la reforma para dejar el camino libre para terminar las negociaciones de paz. Ojalá que el presidente haga caso omiso de estos cantos de sirena, porque si hay una verdad económica incuestionable es que las calificadoras de riesgo son implacables, y los mercados financieros internacionales aún más.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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