Ricardo Ávila
Opinión

Como gente decente

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Opinión
POR:
Ricardo Ávila
abril 10 de 2016
2016-04-10 03:02 p.m.
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La escena está grabada en la memoria de los amantes del cine. Al final de la película, el comandante de la policía francesa, que recibía pagos debajo de la mesa por dejar que se violen las normas, decide cerrar el establecimiento del protagonista, tras afirmar, escandalizado, que este opera como un casino ilegal.

Dicha reacción no dista mucho de la del gobierno de Panamá con respecto a la firma Mossack Fonseca, cuyos documentos internos filtrados a la prensa ocasionaron un escándalo global. Entre los vinculados a las revelaciones hay una docena de presidentes, primeros ministros y miembros de la realeza, además de un centenar de políticos. Desde Mauricio Macri, en Argentina, hasta David Cameron, en Gran Bretaña, pasando por el defenestrado Sigmundur David Gunnlaugsson, de Islandia, han tenido que dar explicaciones.

Pero a medida que las investigaciones prosiguen, hay un tema de fondo que trasciende a un grupo específico de personas o sociedades. Este tiene que ver con las regulaciones del istmo que hacen de Panamá un paraíso fiscal, cuyo atractivo es claro para quien quiera evadir impuestos o lavar capitales.

Lo anterior no quiere decir que tener una compañía registrada en el país vecino sea sinónimo de ilegalidad. En el mundo de hoy es absolutamente válido contar con firmas en otros lugares, en donde los procedimientos son sencillos y es fácil adelantar inversiones. Es aceptable, además, que las normas tributarias sean distintas, entre otras, para evitar que ciertos gravámenes se paguen más de una vez.

El problema es que los panameños saben que hay una zona gris que es utilizada para propósitos fraudulentos. El régimen societario es laxo y eso permite ubicarse por debajo del radar de las autoridades. En lo que atañe a este escándalo, se diseñaron esquemas que permitieron adelantar operaciones con países y organizaciones vinculadas al terrorismo, o a graves violaciones de los derechos humanos.

Desde hace tiempo, en el seno de la Ocde, en donde se diseñan mecanismos para combatir la evasión y la corrupción transnacional, hay una gran impaciencia con el istmo.

A pesar de las repetidas solicitudes para que se adelanten reformas que permitan cerrarle el cerco a prácticas criticables, este promete mucho y hace poco.

Sin embargo, a raíz de lo sucedido la semana pasada, viene una ofensiva. Para el próximo miércoles está citada una reunión en la sede la organización multilateral en París, con el objeto de discutir el tema y plantear exigencias. Francia sacó el garrote de manera individual y decidió designar a Panamá como paraíso fiscal, lo cual lo pone en condición de paria e implica desventajas para las inversiones galas que se hagan allí.

En respuesta, el gobierno de Juan Carlos Varela respondió, en tono desafiante, y amenazó con retaliaciones. Con el paso de las horas, moderó su tono y se comprometió a tratar las diferencias por la vía diplomática, reiterando que lo hecho por un bufete de abogados no puede comprometer a una nación entera. Más de uno le recordó al mandatario que los socios principales de Mossack Fonseca estuvieron vinculados a su administración, por lo cual el argumento de la independencia entre lo privado y lo público es discutible.

Todos estos elementos deberían ser aprovechados por Colombia, que esta semana se sentará a discutir con Panamá un convenio de intercambio de información financiera que sigue empantanado. Los representantes del istmo se rasgaron las vestiduras cuando en el 2014 Bogotá los designó como paraíso fiscal, logrando poner todo en el congelador.

El diálogo ha avanzado poco, ante lo cual nos corresponde apretar tuercas, para llegar a una solución por las buenas o por las malas. Varela puede ponerse bravo, pero no va a tener nadie que lo defienda, pues el mundo exige que los panameños se comporten como gente decente. Y, a decir verdad, no lo están haciendo.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto

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