Ricardo Ávila
Opinión

Un tema que no da espera

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Opinión
POR:
Ricardo Ávila
marzo 15 de 2016
2016-03-15 10:10 p.m.
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En un comentario reciente, el prestigioso columnista del diario The New York Times, Tom Friedman, puso los puntos sobre las íes al señalar que si los caballos hubieran votado, los carros jamás habrían existido. La sentencia es válida a la luz del paro de taxistas que colapsó las calles de Bogotá el pasado lunes. Medio millar de los vehículos amarillos, una pequeña fracción de los 52.000 que circulan por la ciudad, protagonizaron abusos y desmanes en su protesta contra la plataforma Uber. Así se perdieron horas de trabajo, ventas y productividad.

Los excesos vistos comprueban que el tema va de mal en peor. Mientras un lado afirma que es una empresa tecnológica y no de transportes, el otro la acusa de ilegal y de burlar abiertamente la regulación vigente. Ambos argumentos son ciertos. La compañía californiana conecta usuarios y autos por medio de una aplicación de la red que no está tipificada por la ley. De manera creciente, las personas prefieren este servicio al tradicional.

"Tras los excesos protagonizados por
los taxistas el lunes en Bogotá, está la incapacidad de las autoridades de tomar decisiones".

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Internet no es el primer adelanto tecnológico en la historia que mueve a los gobiernos a crear nuevas regulaciones que adopten esas transformaciones. Desde que Uber llegó al país, el Ministerio de Transporte ha tenido en sus manos la responsabilidad de integrar esta plataforma al abanico de opciones que hay. No obstante, la entidad ha fallado a la hora de llenar vacíos que son evidentes.

En noviembre, el Ejecutivo expidió un decreto para reglamentar los taxis de lujo, sin resolver realmente la inquietud: ¿debe una firma de tecnología ser forzada a cambiar su naturaleza? Tal vez la respuesta solo llegue si el Congreso saca adelante un proyecto sobre el tema.

Sin embargo, la iniciativa no ha avanzado en su trámite. Mientras tanto, Uber sigue operando en un limbo jurídico y recibió recientemente una multa de la Superintendencia de Puertos y Transporte por 451 millones de pesos.

La semana pasada, el Gobierno indicó que alista nuevas reglas de juego. Se espera que estas terminen con las incertidumbres que hoy fomentan agresiones. Pero, a decir verdad, el tema va mucho más allá, pues lo que está en juego es la manera de abordar los retos de la economía colaborativa. El transporte urbano no es el único sector que las plataformas tecnológicas están transformando: como lo muestra lo sucedido con Airbnb y la hotelería.

"El reto es tener una regulación
que evite obligar a compañías del siglo XXI a que quepan en marcos para el siglo XX".

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El reto, entonces, es promulgar una regulación que evite obligar a compañías del siglo XXI a que quepan en marcos diseñados para el XX. Es momento de que el Ministerio de Transporte, el de las TIC y el Congreso de la República construyan, desde sus distintas competencias, las leyes, normas y reglas que permitan a las nuevas tecnologías existir dentro de la legalidad. Tratar de negar lo evidente deja la complicada impresión de que el Estado está protegiendo a los taxistas por encima de los usuarios o, peor aún, que sucumbe a las presiones y las vías de hecho por reprensibles que sean.

Y si las autoridades deciden tomar el toro por los cuernos, no estaría de más que se metieran con otro asunto: el bicitaxismo. Desde hace más de una década, los vehículos de dos ruedas han transportado pasajeros de manera ilegal en muchas ciudades del país. De hecho, según datos de la Superintendencia del ramo, entre el 30 y 40 por ciento del movimiento de personas se da por medios informales. A las bicicletas y motos se suman los taxis colectivos, los despachos no autorizados, los particulares prestando el servicio y las plataformas tecnológicas.

Administradas de forma inteligente, diversas opciones podrían servir como vasos capilares del sistema circulatorio que es un sistema de transporte urbano con seguros, tarifas controladas y rutas definidas. En el caso de Uber, su legalización daría más tranquilidad a usuarios y conductores. Reconocer su existencia y no dar pie para nuevos abusos, exige tomar decisiones a tiempo en el Gobierno.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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