No cesan las repercusiones tras el aleve ataque que sufrió una mujer con cinco meses de embarazo en el norte de Bogotá, la semana pasada para hurtarle su vehículo. Las protestas de los vecinos del barrio en donde sucedió el robo se suman a las denuncias con respecto a la ola de inseguridad en la capital y otras ciudades del país.
En respuesta, las autoridades han debatido la opción de prohibir el parrillero en las motos, la cual es considerada como exitosa en otros municipios, así paguen justos por pecadores.
De manera puntual, se incrementará el número de policías en la zona, a sabiendas de que el Distrito cuenta con uno de los más bajos promedios de uniformados –como proporción de la población: 239 por cada 100.000 habitantes– que buena parte de las metrópolis importantes.
No obstante, el tema de fondo requiere una mirada con un lente más amplio. Esta tiene que ver con el deterioro de varios indicadores, pero especialmente el aumento del 16 por ciento en el hurto a personas durante los primeros 11 meses del 2017, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Los más de 150.000 casos reportados en el periodo indicado muestran que esta tendencia es bastante preocupante. Las historias sobre criminales reincidentes, con más de medio centenar de arrestos, dejan en claro que existe un incentivo perverso en la legislación y en la actitud de los jueces de considerar como delitos menores aquellos atracos en los que se encuentra en juego la vida de una persona.
Por tal razón, el asunto requiere un remedio desde la raíz. Más allá de que se pueda atender una falencia aquí o la colaboración de la ciudadanía permita arrestar a unos criminales allá, el objetivo central debe ser disminuir la incidencia del robo a mano armada, que en más de una ocasión termina en un asesinato.
Esa es una fórmula inescapable para que la sensación de tranquilidad empiece a retornar a las zonas urbanas.
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@ravilapinto