Ricardo Rojas Parra

Un acierto en materia de infraestructura

Ricardo Rojas Parra
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Ricardo Rojas Parra
abril 01 de 2014
2014-04-01 02:57 a.m.
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Una de las grandes deudas que sigue teniendo el país con la competitividad es el aumento y mejora de su infraestructura. Los elevados costos de transporte y los largos tiempos de viaje entre las ciudades principales han impedido que sus habitantes aprovechen plenamente los beneficios del comercio y la urbanización. De acuerdo con Fedesarrollo, el país tiene un rezago de aproximadamente 65.602 km. de carreteras frente a la mediana de los países de la región y, ocupa a nivel global el puesto 126 entre 144 naciones que aparecen en el ranking de calidad de las mismas, realizado por el Foro Económico Mundial en el 2012.

Entre las razones que explican dicho atraso están la baja inversión en infraestructura de transporte, que por más de 20 años ha sido inferior o igual al 1 por ciento del PIB, así como las complicaciones que se han presentado en la planeación y ejecución de los contratos de concesión vial que se han realizado entre 1993 y 2010.

En su estudio, Fedesarrollo indicó que para reducir la brecha vial existente, se requiere que Colombia destine anualmente 3,1 por ciento del PIB entre el 2013 y el 2020. Para lograrlo, el Gobierno Nacional apostó en el 2012 por un nuevo modelo de alianzas público-privadas, conocido como la cuarta generación de concesiones, que además de subsanar los anteriores problemas busca hacer del sector privado un actor relevante que contribuya a optimizar los recursos del país.

Con este proyecto, que invertirá 47 billones de pesos, se espera construir o arreglar 8.000 km. de vías primarias con las más altas especificaciones técnicas que conecten las diferentes regiones de Colombia, y los centros de producción y consumo con las zonas de frontera y portuarias para impulsar el desarrollo económico del país. La cuarta generación de concesiones cambia las reglas del juego del sector, y ahora la estructuración integral de los proyectos a nivel técnico, financiero y legal es un requisito fundamental para iniciar el proceso licitatorio.

Toman relevancia también los desembolsos realizados al contratista únicamente cuando la infraestructura pactada esté disponible y cumpla con los criterios de servicio y calidad acordados por las partes. Igualmente, la administración y asignación adecuada de los riesgos (prediales, ambientales, políticos/sociales, etc.) al ente que tenga una mejor capacidad para hacerle frente, así como el fomento a la transparencia en los procesos de participación y adjudicación de las obras viales son otros dos aspectos incluidos en este nuevo modelo.

Como resultado de lo anterior, se estima que tal esquema de concesiones tendría en el largo plazo un efecto positivo sobre el PIB potencial colombiano, que lo ubicaría en un rango del 5 al 5,3 por ciento.

Asimismo, se calcula que estos proyectos de infraestructura generarían cerca de 400.000 empleos y que tendrían un impacto favorable sobre la productividad y el bienestar socieconómico de las personas. En ese sentido, se espera que con la nueva política de alianzas público-privadas el país haya acertado, y sea esta la solución a uno de los cuellos de botella que más afecta a la competitividad nacional.

Ricardo Rojas Parra

Economista - Profesor universitario

riropa@gmail.com

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