Ricardo Rojas Parra

Buena salud

Ricardo Rojas Parra
Opinión
POR:
Ricardo Rojas Parra
abril 10 de 2013
2013-04-10 12:00 a.m.
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Este año, el sistema actual de salud colombiano cumple 20 años de funcionamiento desde que, en 1993, se expidió la Ley 100. Por medio de la creación de un mercado de aseguramiento individual, en el cual compiten empresas aseguradoras (EPS) e instituciones prestadoras de salud (IPS), esta ley buscaba ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.

Igualmente, contempló mecanismos de ‘solidaridad’ entre el régimen contributivo y subsidiado que le otorgaron un carácter progresivo.

Si bien la Ley 100 tuvo éxito en la universalización del sistema, aumentando la cobertura del 33 por ciento en 1993 a cerca del 95 por ciento en la actualidad, los preocupantes resultados mostrados en otros frentes lo han llevado al borde de una crisis que hoy el Gobierno pretende resolver.

El primer aspecto crítico es la insostenibilidad financiera y la baja liquidez de algunos actores del sistema.

A pesar de que el 20 por ciento del gasto público se destina al sector salud (cerca del 8 por ciento del PIB), las deudas de las EPS y del Estado con los hospitales públicos ascienden a $3,8 billones, y los recobros al Fosyga suman $2 billones.

La estrategia propuesta por el Gobierno de crear una única entidad (Mi Salud) que pagará directamente a los hospitales, evitando la intermediación financiera de las EPS, puede ahorrar alrededor del 15 por ciento de las Unidades Por Capitación (UPC) que se ‘pierden’ en gastos administrativos. Igualmente, si la reforma tributaria cumple su objetivo de formalizar el mercado laboral, los recursos que ingresan por las cotizaciones del régimen contributivo aumentarían y el flujo de recursos se vería incrementado.

El segundo aspecto crítico es la integración vertical en los servicios prestados por las EPS, pues ha deteriorado el servicio recibido por los ciudadanos.

Es decir, si una misma EPS asegura al paciente y es dueña de hospitales y clínicas en los que lo atiende, los incentivos de ofrecer un buen servicio, que se deberían originar por la competencia, se ven distorsionados.

Respecto a este frente, la reforma presentada por el Gobierno elimina esta posibilidad de integración, salvo en algunos municipios donde no hay una oferta de instituciones adecuada.

Estas dos fallas estructurales del sistema, entre otras, han perjudicado notablemente la calidad del servicio de salud recibido por los colombianos.

Esto se ve reflejado en el aumento del número de quejas de los usuarios en los últimos años, en la necesidad de recurrir a urgencias porque no se consiguen citas, al igual que en el trasteo por distintos hospitales de los pacientes de alto riesgo, situación titulada por algunos medios como el ‘paseo de la muerte’.

El Estado recupera el control del dinero de la salud, se encargará de afiliaciones, recaudo, administración, pagos y transferencia de todos los recursos del sector.

En ese sentido, la reforma presentada por el Gobierno apunta a mejorar el sistema de salud actual.

Ricardo Rojas Parra

Economista - Profesor universitario

riropa@gmail.com

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