Con la venta del 57,61 por ciento de las acciones que tiene el Estado en Isagén, se vislumbra un espíritu de modernización de la economía colombiana, a través de inversores privados que financiarán nuevos proyectos tanto de expansión como de desarrollo tecnológico. Con base en una política económica que busca reorientar las actividades del Estado, la venta de la porción pública de esta generadora de energía da paso a una oportunidad de mejora en la rentabilidad de la compañía y, con ello, una mejora en infraestructura, que facilita el crecimiento económico del país a mediano plazo.
La teoría económica supone que la privatización de la empresa pública genera competencia en el sector, reduce los precios de los bienes y mejora la calidad del servicio público para los consumidores; incluso proveyendo incentivos a innovar. Adicionalmente, tal privatización tiene beneficios a nivel económico, financiero y político: los primeros, plasmados en eficiencia empresarial y acceso a mercados de capitales, los segundos hacen referencia a los ingresos y reducción del déficit público y los terceros, modelados por cambios en el comportamiento socio-político (Cuervo y Villalonga, 1999).
Kikeri (2004) plantea que las empresas estatales son ineficientes, pues proveen bienes y servicios de baja calidad a costos muy elevados. En ese escenario, en un mercado de competencia monopolística, los modelos de crecimiento económico con cambio tecnológico plantean que existe un incentivo a innovar para aquellas organizaciones que entran en el mercado más que para los monopolios previos. Tales innovaciones permiten el crecimiento económico sostenido en la economía en el mediano plazo.
Planteando estas condiciones, es importante recalcar que si bien se contemplan beneficios de la privatización, en términos de eficiencia, posibles elementos pueden ir en contravía de este hecho si no se toman en cuenta. Según Páez y Ruiz (2009), la empresa privada, influenciada por los grupos de presión y la captura de rentas, buscará apoderarse de los recursos públicos y de la debilidad institucional, lo que pone en discusión la asignación eficiente de recursos, que se espera se deriven. Con base a esa limitación, Booth (2003) llama a la debida reglamentación, vigilancia y competencia si se esperan beneficios reales de la privatización.
De manera prometedora, la venta de Isagén proveerá recursos al financiamiento de infraestructura vial 4G en el país. Como lo comenta Miguel Urrutia “el problema más grande que afecta la economía colombiana es el de la infraestructura, y no hay un mecanismo más expedito para financiar infraestructura a menor precio que la venta de Isagén”.
En ese sentido, se generará una ganancia de doble vía para los colombianos, siempre enfocándose en el desarrollo económico: por un lado, mejora en la provisión de bienes públicos y, por el otro, el desarrollo social.
Ricardo Rojas Parra
Economista - Profesor universitario
riropa@gmail.com