Ricardo Rojas Parra

Una política para considerar en Colombia

Ricardo Rojas Parra
POR:
Ricardo Rojas Parra
enero 28 de 2014
2014-01-28 03:05 a.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/24/56cdc3378e33d.png

A finales del 2013, el Departamento de Servicios Penitenciarios de Suecia anunció la clausura de cuatro prisiones y un centro de rehabilitación por el bajo uso que el sistema de justicia criminal hacía de ellos. El número total de presos venía descendiendo 1 por ciento anual desde el 2004, acelerando su caída al 6 por ciento entre el 2011 y el 2012. Igualmente, Holanda manifestó su deseo de importar presos de Alemania y Bélgica a ocho cárceles que están vacías, para no verse obligados a despedir a 1.200 personas que laboran en ellas.

Tales noticias llamaron la atención de la prensa mundial, debido al fuerte contraste existente entre el cierre y vacío de las prisiones en estos países y la creciente presión del sistema penal en las cárceles en numerosos países del mundo. Mientras que en el 2012 la tasa promedio mundial de presos por cada 100.000 habitantes oscilaba entre 144 y 155, la de Suecia era de tan solo 67 y la de Holanda de 82, según datos del Centro Internacional de Estudios Carcelarios.

Los bajos índices de encarcelamiento, al igual que los de delincuencia, fueron producto de una política enfocada en la prevención del crimen, la resocialización de los presos y sentencias leves para delitos relacionados con drogas y hurtos menores. Adicionalmente, en Holanda, los jueces pueden imponer como sanción horas de trabajo social en lugar de la privación de la libertad en una prisión. Dichas políticas han demostrado ser una estrategia efectiva para reducir la reincidencia, ya que aquellos que hicieron trabajos sociales incurrían nuevamente 20 por ciento menos en delitos que aquellos que habían sido penalizados en la cárcel.

Este modelo exitoso de política anticriminal aplicado en Holanda y Suecia debería ser tenido en cuenta como marco de referencia, ahora que en diciembre del año pasado el Congreso colombiano aprobó la reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Esta es un intento necesario y oportuno por parte del Gobierno de atacar el problema de hacinamiento de las cárceles mediante beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria y cárcel abierta para los delitos no graves.

En la actualidad, Colombia cuenta con una tasa de 245 presos por cada 100.000 habitantes (100 más que el promedio mundial), una tasa de hacinamiento del 56,5 por ciento en el 2013 (aumentando desde el 24,2 por ciento en el 2010) y un nivel de reincidencia del 11 por ciento.

Así pues, se debería completar la mencionada reforma con algunos métodos exitosos aplicados por estos países, como el énfasis en la resocialización de los presos y las sanciones con trabajo social. Igualmente, habría que tener en cuenta la recomendación de la Corporación Excelencia en la Justicia, en cuanto a que el nuevo Código se debe armonizar con las demás reformas procesales penales para que no se generen nuevas demandas para el sistema penitenciario.

Hay que recordar que, según la Comisión Asesora de Política Criminal, desde el año 2000 se aumentó la pena para 80 delitos y se crearon 47 nuevos.

Ricardo Rojas Parra

Economista - Profesor universitario

riropa@gmail.com

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado