En un reciente evento público, el viceministro de Hacienda, Michel Janna, habló sobre las medidas que permitirán un crecimiento económico potencial superior al 5 por ciento. Janna se mostró confiado en que la senda hacia un mayor crecimiento potencial tendría dos grandes contribuyentes: las obras de infraestructura y el proceso de paz (si se lleva a cabo).
Según Janna, se calcula que el plan vial 4G (que plantea inversiones por 47 billones para infraestructura vial en los próximos cuatro años) comenzaría a mostrar sus efectos sobre la economía (mayor empleo, mejor competitividad, entre otros) a partir del segundo semestre del 2014. Un plan de esta magnitud resultaría impensable en ausencia de varios desarrollos recientes.
En primer lugar, se encuentra el proyecto de ley de infraestructura (Ley 1682 del 22 de noviembre del 2013), que optimizará la ejecución de los cerca de 25 mil millones de dólares que se invertirán en las obras 4G. Esto se debe a que esta ley facilita trámites como la compra de predios necesarios para obras de interés nacional, así como la aceleración de las licencias ambientales para el desarrollo de dichas iniciativas.
A esto se suman nuevas medidas de control que atacan de frente a la corrupción, y que van en línea con el espíritu de la administración de eliminar los anticipos mediante el nuevo mecanismo de contratación a contraentrega.
Este punto resultaba fundamental, pues antes del nuevo mecanismo los sobrecostos con respecto a lo presupuestado en contratos de concesión eran preocupantes. Según la Ocde, en su peor año, los sobrecostos en las obras de concesión de Chile alcanzaron cerca de 50 por ciento, mientras que en Perú esta cifra llegó al 60 por ciento. Para Colombia, el peor desempeño para un año en las últimas dos décadas implicó sobrecostos de hasta 90 por ciento sobre lo presupuestado en el contrato de concesión.
Por esta razón, la cuarta generación de obras de infraestructura genera mejores expectativas que los planes anteriores de desarrollo vial. Esta vez resulta más clara la intención de seguir el debido proceso, de forma que podamos superar el atraso vial que afecta a la nación. Esto nos implicará +0,7 pp adicionales de crecimiento potencial anual, según el Ministerio de Hacienda.
Para concluir, unas reflexiones sobre el proceso de paz. En la mayoría de países en que estos procesos se han llevado a cabo con éxito, la economía ha sido beneficiada por el llamado ‘dividendo de paz’. Este incluye una mejora en los fundamentales macroeconómicos (menor inflación, estabilidad fiscal, entre otras), pero Janna resaltó, en particular, la posibilidad de una mayor inversión extranjera y un reacomodamiento del gasto público hacia sectores más productivos, como la infraestructura, la educación o la salud.
Esto puede significar una adición de hasta 1 pp al PIB potencial, según un estudio reciente del DNP (incluso 1,7 por ciento en el escenario optimista). Lo anterior implica que, en conjunto, las obras de infraestructura y el dividendo de paz podrían implicar que el crecimiento potencial anual aumente del 5 al 7 por ciento.
Ricardo Rojas Parra
Economista - profesor universitario
riropa@gmail.com