Ricardo Santamaría

Aprobar el marco para la paz

Ricardo Santamaría
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Ricardo Santamaría
mayo 25 de 2012
2012-05-25 01:46 a.m.
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Una política de seguridad bien concebida siempre contempla la posibilidad de diálogo y negociación con los grupos alzados en armas.

Son dos caras de una misma moneda: por un lado, la estrategia militar para defender la vida y el patrimonio de los colombianos y, por el otro, la reconciliación basada en el diálogo y el perdón.

Todos los conflictos internos -sin excepción- que Colombia padeció a lo largo de los dos últimos siglos terminaron con alguna modalidad de amnistía o indulto, así llamados entonces, mediante un acuerdo en el que los ilegales se desarman y desmovilizan, y el Estado les perdona alguna de sus culpas.

Es lo que ocurrió en el país con todas las guerras civiles del siglo XIX, con la llamada Violencia de mediados del siglo pasado, las desmovilizaciones de cinco grupos guerrilleros durante los gobiernos Barco y Gaviria, y, más recientemente, con la entrega de grupos paramilitares.

Cerrar esa puerta hoy es una locura. El proyecto de ley denominado Marco para la Paz, impulsado por el Gobierno, está bien concebido: darle facultades especiales al presidente de la República para que negocie y otorgue beneficios a los ilegales que se desarmen y reintegren a la sociedad.

El jefe de Estado es el que debe conducir ese proceso. El fin del conflicto con las Farc y el ELN está cerca, y el Presidente necesita tener hoy esta posibilidad a su alcance. Para usarla, por supuesto, de acuerdo con la realidad actual.

El país hace parte de la Corte Penal Internacional y, según esta legislación, los delitos de lesa humanidad o crímenes atroces nunca prescriben y están excluidos de cualquier posibilidad de amnistía o indulto. Tampoco se pueden interferir procesos judiciales en curso contra jefes guerrilleros.

Quizá serán, en la mayoría de los casos, tal como ya está ocurriendo, beneficios para jóvenes guerrilleros, incluso menores de edad, que decidan abandonar la ilegalidad, entregarse y colaborar con la justicia.

Pero el marco para la paz es mucho más que un proyecto de ley o una discusión jurídica sobre beneficios para quien decida abandonar la guerra.

Es la actitud de los colombianos y sus dirigentes frente a su propia realidad. El camino de la reconciliación pasa por el perdón hacia los alzados en armas. Y de parte de ellos, pasa por el desarme, la desmovilización, la posibilidad de que todos conozcamos la verdad de lo que ocurrió a lo largo del conflicto, la reparación de las víctimas y la no repetición de lo sucedido.

Todo aquello que está incluido en la justicia transicional, como se denomina hoy en día.

¿Esto implica algún grado de impunidad? Por supuesto, pero a cambio del fin del conflicto, la desmovilización y el desarme de todos los hombres y mujeres de la guerrilla y de la aplicación de justicia y condenas en casos de delitos atroces.

Este es un debate tan viejo como la existencia de la República. Hoy, de nuevo, tenemos el reto de la reconciliación, el perdón y la generosidad. Está a prueba nuestra tolerancia. Y, seguramente, la mayoría del país, está con ella.

Ricardo Santamaría

Politólogo – periodista

ricardo.santamaria@fticonsulting.com

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