Por allá a comienzos de los años 80 tuve oportunidad de asistir a una conferencia de Álvaro Gómez Hurtado que me impresionó por la solidez de su argumentación, en la cual planteaba que la gran amenaza que tenía la sociedad colombiana era la precariedad de su sistema judicial y como, de seguir así, los problemas que enfrentaría el país iban a ser de marca mayor. Como en muchas cosas, Gómez tuvo la lucidez necesaria para mirar el bosque antes que los árboles y entender las consecuencias de situaciones que no eran del todo evidentes.
Cuando se reflexiona sobre la tortuosa historia nacional de los últimos decenios sí que es claro lo acertado de ese diagnóstico. No es otra cosa que la falta de una justicia adecuada y oportuna, lo que dio lugar al crecimiento desbordado del narcotráfico, de la inseguridad en todas sus expresiones y ni qué decir de la peste de la corrupción que nos agobia. Claro que hay muchos factores adicionales que han contribuido a la generación de estos problemas, pero una justicia adecuada hubiera sido definitiva para que estos no ocurrieran en algunos casos, o para mitigar los perjuicios en otros.
Ahora bien, no solo es impunidad y pérdida de la ética en muchísimos grupos de la sociedad, sino que hay una falta de sentido de la realidad que ha llevado a diferentes cortes a tomar decisiones que no guardan relación alguna con las posibilidades económicas del país en temas como la salud, responsabilidades del Estado, etc. Tampoco en asuntos como la graduación de las penas que den una señal clara para que el ciudadano entienda la gravedad de muchos comportamientos. Autores de grandes delitos reciben castigos más suaves que, como se dice coloquialmente, algunos ‘robagallinas’. Y, lo que resulta muy grave es que parece casi imposible la reforma legal del sistema, pues el diseño político inadecuado en este campo, que resultó de la Constitución del 91, termina frustrando todos los intentos de mejora que se han intentado por la vía del legislativo.
Por estos días los titulares de los medios nos saturan con más y más miembros de la Rama Judicial envueltos en corruptelas y delitos de diferente orden. La pregunta es si esto lo que está mostrando es más deterioro o, por el contrario, lo que indica es que a pesar de las fallas hay grupos importantes de funcionarios que, cumpliendo con su deber, destapan ollas podridas y contribuyen de manera significativa con el saneamiento de nuestras instituciones. Quizás la gran cantidad de servidores públicos sancionados, que incluye gobernadores, alcaldes y concejales, lo que muestra es que todavía hay esperanzas.
Como lo estamos viendo todos los días, no tenemos la exclusividad en materia de corrupción y en muchos países se ‘cuecen habas’, pero lo cierto es que si no hay una transformación de fondo de la instituciones judiciales serán muchas las dificultades que tendremos que seguir padeciendo. Ojalá pues, lo que estemos viendo es un vaso medio lleno y no el agotamiento de uno medio vacío.
¿Medio lleno, o
medio vacío?
Como lo estamos viendo todos los días, no tenemos la exclusividad en materia de corrupción y en muchos países se ‘cuecen habas’.
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