Con mucho de retórica y exposición mediática, antes que argumentos, se ha discutido por estos días acerca del eventual desmonte del Sistema Andino de Franjas de Precios y del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, más conocido como el Fepa. Pareciera que fueran instrumentos que se hubieran establecido de forma caprichosa y que su defensa o permanencia dependiera solo de situaciones coyunturales de precios, y que la discusión fuera sobre si se borra ‘de un plumazo’ lo que se ha construido en años, o si se dejan sin modificación alguna.
Lo primero es que estos mecanismos no han sido el resultado de caprichos ni presiones indebidas. Lo que hay es el resultado de un proceso prolongado; en primer lugar, de construcción de la política comercial del país en materia agrícola y, en segundo, de la adaptación de las condiciones particulares del azúcar a las prácticas aceptadas de comercio en agricultura y a conceptos como el de la parafiscalidad, desarrollado por el país a lo largo de los años. Ha sido gracias al diseño e implementación de estas herramientas que este sector ha podido hacer realidad el potencial que le ofrecen unas condiciones agroclimáticas apropiadas y el trabajo acumulado por mucho tiempo del empresariado.
Desde que se inició la apertura en el gobierno Gaviria, Colombia ha tratado de ampliar sus mercados dando acceso a quien se lo otorga y protegiéndose de quien no lo hace. Con lo promisorio que resultaba el mercado andino, se buscó construir uno ampliado que reconociera las grandes distorsiones del mercado azucarero, así como su alta volatilidad. Era necesario, entonces, desarrollar un instrumento que atendiera ambos objetivos: proteger y tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a la gran volatilidad de un mercado que, además, dependía de la tasa de cambio. Inspirados por el modelo chileno, y después de un largo y complejo proceso de negociaciones (con los gobiernos y los privados en cada país, y luego la negociación entre naciones), se estructuró el sistema de franjas, que hay que verlo como lo que es: un logro del país para darle estabilidad a algunos sectores considerados relevantes, pero expuestos a condiciones inequitativas de competencia. La formación del precio del productor colombiano debe incorporar el mecanismo arancelario, lo cual no debe ser cuestionable, dado que ese es el objetivo de tal política. Con el tiempo, además, el arancel efectivamente pagado se ha venido reduciendo por los acuerdos comerciales.
Para que lo anterior fuera factible en un sector con un superávit permanente y muy importante, y se pudiera aprovechar al máximo lo logrado por el país en materia de negociaciones comerciales, era necesario contar con un mecanismo que permitiera optimizar el potencial de los diferentes mercados y, además, que todos los integrantes de la agroindustria se beneficiarán equitativamente. Fue así como se diseñó y puso en ejecución el Fepa, aprovechando los desarrollos que, por muchos años, ha llevado a cabo el país en materia de parafiscalidad.
Mejorar lo que hay, sin duda, es factible. Destruirlo sería un gran error para el país y se estaría afectando gravemente no solo al sector, sino a toda la región.
Ricardo Villaveces P.
Consultor privado
rvillavecesp@gmail.com