El caso del alcalde Petro ya tiene características patológicas por el autoritarismo y desprecio que le merece la opinión de los demás. Ha demostrado una total incapacidad para gerenciar, que es una de las cualidades necesarias en el mandatario de una ciudad que es más grande que muchos países, y en las diferentes regiones se debe observar con cuidado lo que sucede en Bogotá, pues, así como en el pasado la capital dio buen ejemplo en muchos frentes, se corre el riesgo de que aparezcan más Petros en otros lugares.
Los errores son innumerables y la destrucción de valor se tardará un buen tiempo en recuperarla. Basta pensar en la resurrección de la desastrosa Edis en el aseo, donde ya se observan los mismos problemas que tuvo la tristemente recordada empresa distrital. La rotación acelerada de los funcionarios de alto nivel es otra clara muestra de su incapacidad gerencial.
Su autismo hace inútil que escuche o reflexione sobre las ideas que cada tanto plantea sin planeación y, mucho menos, socialización. Por ello, tal vez la esperanza de que se reduzcan los errores de esta administración está en que los funcionarios que tendrán que asumir las responsabilidades a la hora de los procesos jurídicos, que seguramente se vienen, tomen conciencia de las consecuencias de seguir ciegamente los caprichos del Alcalde.
La última brillante idea es la de las viviendas de interés social en algunos de los lugares más caros de Bogotá, urbe que se viene caracterizando por los altos precios de la finca raíz y la escasez de tierra. Muchas personas han comentado cómo con estos programas no le dan vivienda si no a un número reducido de habitantes y difícilmente les hacen un bien, por el contrario, les crean problemas de todo tipo (falta de escuelas, centros de salud, alimentos a precios accesibles).
Lo que deben tener en cuenta los funcionarios que tengan la responsabilidad de estos proyectos es que, además de no dar soluciones adecuadas, se verán enfrentados a un sinnúmero de problemas, siendo los procesos por detrimento patrimonial unos de los más probables. Basta pensar que los edificios de más de 20 años de construidos en la zona de algunos de los proyectos, tienen avalúos catastrales de más de cinco millones de pesos el metro cuadrado, para formarse una idea de las millonarias sumas que el distrito dejará de recibir por impuesto predial al no utilizar esos lotes para construir edificios de las características que tienen en esas áreas.
Si a estas pérdidas, cuyo valor presente en la vida útil de este tipo edificios puede alcanzar cifras inmensas, se le suma el valor de los lotes, el detrimento patrimonial para el distrito puede ser muy cuantioso.
Ojalá los funcionarios repasen la Constitución, que en el Artículo 209 habla de los principios de la función administrativa, y piensen en los riesgos que corren, y los organismos de control les hagan una advertencia para que se evite un nuevo error que, además del detrimento patrimonial, no soluciona ningún problema.
Ricardo Villaveces
Consultor privado rvillavecesp@gmail.com