Roberto Junguito
columnista

Acuerdo en La Habana y política económica

En estos días, el gobierno deberá estar presentando al Congreso el plan plurianual de inversiones que se desprende del Acuerdo en La Habana. 

Roberto Junguito
Opinión
POR:
Roberto Junguito
febrero 07 de 2017
2017-02-07 07:06 p.m.
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La atención sobre el desarrollo del Acuerdo en La Habana por parte del gobierno, el Congreso, los medios de comunicación y la opinión pública, en general, se ha centrado en las movilizaciones de las Farc hacia los puntos de asentamiento, el inicio del proceso de desarme, y en los aspectos relacionados con la justicia transicional. Solo hasta la semana pasada se comenzó a discutir la estrategia de la erradicación de los cultivos ilícitos y el inicio del proceso. En el futuro inmediato, la atención prioritaria deberá centrase en los aspectos de la política económica y las implicaciones presupuestales de los puntos 1 y 4 de la agenda, relacionados con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos.

Al respecto, cabe recordar que dentro de los puntos 1 y 4 de la agenda en La Habana, se incluyen aspectos económicos de gran envergadura como los relativos a las tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, los planes de desarrollo con enfoque territorial, y los planes nacionales para el desarrollo rural.

En lo que hace a las tierras, el Acuerdo habla del establecimiento de un fondo de tierras de tres millones de hectáreas, de la actualización del catastro mediante un barrido predial, del establecimiento de una jurisdicción agraria para la solución de las disputas sobre la propiedad de la tierra, del establecimiento y delimitación de zonas de reserva campesina y, en general, del acceso a la tierra a los campesinos sin tierra, o con tierra insuficiente.

Los planes de desarrollo con enfoque territorial comprenden el financiamiento de programas diseñados desde los territorios, que buscan resolver los problemas de provisión de bienes y servicios en las zonas más afectadas por la violencia, en tanto que los planes nacionales tocan con la política agropecuaria y desarrollo rural, que debe beneficiar al conjunto de las zonas rurales del país.

En cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros, los temas de análisis de política se refieren a la evaluación de los costos y beneficios de privilegiar la erradicación voluntaria frente a la opción de erradicación forzosa (incluida la aspersión), los de priorizar la provisión de bienes públicos, en especial vías terciarias, y la forma de limitar el uso de subsidios, además, claro está, de la importancia de adoptar sistemas de monitoreo confiables y oportunos.

El desarrollo de estas políticas requiere de un amplio proceso de participación comunitaria y la adopción de un nuevo marco institucional para el sector agropecuario colombiano, con grandes exigencias en términos de asignación de recursos del presupuesto nacional, que hasta ahora comienzan a ser estudiados por las autoridades económicas del país.

Lo que sí quedó claramente establecido en el Nuevo Acuerdo Final, que fue aprobado por el Congreso, es que la asignación de recursos presupuestales para estas actividades debe estar cobijada y cumplir con la regla fiscal estructural establecida por el Gobierno.
En estos días, el gobierno designó el gabinete del posconflicto, y deberá estar presentando al Congreso el plan plurianual de inversiones que se desprende del Acuerdo en La Habana y la determinación de las fuentes de recursos para financiarlo. Este es, sin duda, el nuevo reto presupuestal y fiscal del país, luego de la adopción de la reforma tributaria el pasado mes de diciembre.

Roberto Junguito
Exministro de Hacienda
roberto.junguito@gmail.com

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