Roberto Junguito
columnista

Congreso y estabilidad fiscal

Los legisladores tienden a dictar gastos con el argumento de apoyar a los sectores más pobres y necesitados de la sociedad.

Roberto Junguito
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Roberto Junguito
junio 27 de 2017
2017-06-27 09:24 p.m.
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De acuerdo con los principios básicos de la teoría del Estado, el Congreso, en representación de los votantes, tiene la función de dictar las leyes relacionadas con los impuestos y gastos públicos. De ahí el conocido principio de la Constitución de Estados Unidos de no establecer tributos sin la debida representación.

Estos fundamentos parecen claros y esenciales. No obstante, la experiencia de Colombia y, en general, de muchos países es que, a menudo, los legisladores tienden a dictar gastos con el argumento de apoyar a los sectores más pobres y necesitados de la sociedad, sin el respaldo adecuado de los ingresos públicos para financiarlos, obligando a los gobiernos al endeudamiento y la emisión monetaria, que desemboca en presiones inflacionarias e inestabilidad financiera.

Para prevenir estas situaciones de desequilibrio fiscal, los gobiernos, como ha sido el caso de Colombia, se han visto obligados a adoptar medidas que, de una manera u otra, limitan la autonomía fiscal de los órganos legislativos del poder público. A título de ejemplo, cabe mencionar que, por muchos años, en el país se le retiró la iniciativa de proponer gastos públicos a los congresistas. Posteriormente, se adoptaron leyes de responsabilidad fiscal, y para contrarrestar los mandatos constitucionales de gasto social sin respaldo de recursos corrientes, se aprobó la estabilidad fiscal como derecho constitucional, lo cual ha contribuido a que Colombia haya logrado una relativa estabilidad fiscal.

Más recientemente, la preocupación ha girado hacia la continuada inestabilidad financiera en los campos de la seguridad social, originada en leyes y actos constitucionales de los órganos legislativos del poder público. Este ha sido el caso de la salud, que si bien ha permitido lograr la cobertura universal de los servicios y el acceso a la salud, de manera subsidiada y virtualmente gratuita para las personas de bajos ingresos, con todo ha desembocado en un desequilibrio financiero estructural del sistema que no se ha podido subsanar y que requerirá, sin duda, reformas financieras y fiscales en los años venideros.

La reciente aprobación de una ley que propone disminuir la cotización a salud de los pensionados, acentúa la crisis de financiamiento de la salud y resalta los problemas de la aprobación de leyes con implicaciones financieras perversas por parte del Congreso. La expedición de la Ley Estatutaria de la Salud, que consagró el derecho a la salud de los colombianos, no parece poder corregir estos desequilibrios.

Pero el hecho real es que, igualmente, los legisladores no solo en Colombia, sino en países vecinos, como es el caso en Perú, han venido adoptado leyes en el frente de las pensiones que también acentúan los problemas y desequilibrios financieros del régimen de pensiones. Esta situación se ejemplifica con la ley que acaba de ser aprobada por el Congreso y que reduce el número de semanas de cotización de las mujeres de bajos ingresos para cumplir con los requisitos de hacerse a una pensión. Hace bien el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, en rechazar estas leyes por inconvenientes, como lo ha sostenido Portafolio. Quizás, exigiendo que los congresistas tomen y aprueben un curso de educación financiera, con énfasis en la estabilidad fiscal, se pueda lograr que los padres de la patria dicten responsablemente las leyes relacionadas con el gasto público.

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