Roberto Junguito
columnista

Economía política de la reforma pensional

Estaremos a la expectativa sobre la prioridad que los candidatos presidenciales le den a las reformas estructurales de la economía, en especial, a la pensional.

Roberto Junguito
POR:
Roberto Junguito
noviembre 08 de 2017
2017-11-08 08:29 p.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/19/56c78676872a9.png

La economía política se refiere a la forma como la política influencia las decisiones en materia económica. Entre los diversos temas de las decisiones de las políticas públicas, la economía política adquiere una importancia particular en lo que hace a la reforma a las pensiones. En el caso de Colombia, no es simple coincidencia que hubiera sido en 1967, cuando se estableció un sistema mandatorio formal de seguro para los trabajadores del sector privado a través del Instituto de los Seguros Sociales (ISS).

Al respecto, cabe recordar que en ese momento teníamos un gobierno reformista, Carlos Lleras Restrepo. Asimismo, hay que resaltar que la reforma de mayor envergadura en el ámbito de las pensiones se adelantó en la administración de César Gaviria, cuándo se introdujo la posibilidad de constituir fondos privados para el manejo de las pensiones mediante la Ley 100 de 1993. En el 2002, a inicios de la administración Uribe, se aprobó la Ley 797 la cual aumentó la edad de jubilación, elevó la tasa de cotización de 13,5 a 15,5 por ciento, incrementó el número total exigido de semanas cotizadas e incorporó a los trabajadores independientes al Sistema General de Pensiones. En la reforma constitucional del 2005 se aprobó el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) para proteger a la población de menores ingresos que no alcanzaría a generar los ahorros suficientes para hacerse a una pensión de salario mínimo.

Desde inicios de la primera administración Santos, se ha venido discutiendo la importancia de adoptar una nueva reforma integral al sistema pensional colombiano. En efecto, en el primer semestre del 2011 el presidente anunció la intención de someter al Congreso a una reforma pensional, y se hicieron algunos avances posteriores de concertación entre el gobierno, las centrales de trabajadores y los gremios privados.

Al analizar los avances que se han hecho en términos de regulaciones y reformas al sistema de pensiones en Colombia en el gobierno de Santos, es claro que estos han sido pocos, limitándose al sistema de multifondos, la cotización por semanas para trabajadores independientes, la pensión familiar, el desarrollo incipiente del esquema de los Beps y la expedición de un decreto por medio del cual el gobierno asumirá el riesgo de salario mínimo que no pueden ser previstos con anticipación por las empresas aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias.

El gran interrogante de economía política que surge de este repaso histórico es por qué la administración Santos no procedió a presentar al Congreso la reforma a las pensiones que necesita el país y sobre la cual parece haber un elevado grado de consenso técnico y político, incluyendo al Congreso de la República. La realidad es que el gobierno decidió encomendar a la Comisión de Gasto Público a adelantar el diagnóstico y recomendaciones sobre las bases de una nueva reforma, y que el estudio y adopción de esta espere hasta el nuevo gobierno.

La experiencia histórica sugiere que las reformas a las pensiones solo se han podido adelantar por algunas administraciones reformistas. Estaremos a la expectativa de escuchar la prioridad que los candidatos a la Presidencia de la República le den a las reformas estructurales de la economía y, en particular, a la reforma pensional.

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado