Roberto Junguito
columnista

Economía, política y pensiones

El gobierno no ha procedido a presentar al Congreso la reforma a las pensiones que necesita el país.

Roberto Junguito
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Roberto Junguito
junio 13 de 2017
2017-06-13 09:44 p.m.
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En Colombia, el régimen pensional para los trabajadores del Gobierno Nacional se inició desde 1946, mediante la creación de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Sin embargo, no fue sino en 1967 cuando se estableció un sistema mandatorio formal de seguro para los trabajadores del sector privado a través del Instituto de Seguros Sociales(ISS).

La reforma más importante en el régimen de pensiones en Colombia se dio, posteriormente, a comienzos de los años 90, cuándo se introdujo la posibilidad de constituir fondos privados para el manejo de las pensiones mediante la Ley 100 de 1993.

No obstante la envergadura de dicha reforma, desde 1997 se comenzó a discutir la conveniencia de introducir nuevos cambios. En el 2002, a inicios de la administración Uribe, se aprobó la Ley 797, que aumentó la edad de jubilación, elevó la tasa de cotización de 13,5 a 15,5 por ciento, incrementó el número total exigido de semanas cotizadas e incorporó a los trabajadores independientes al Sistema General de Pensiones. En la reforma constitucional del 2005 se aprobó el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), como alternativa para proteger a la población de menores ingresos que no alcanzaría a generar los ahorros suficientes para hacerse a una pensión de salario mínimo.

Desde inicios de la primera administración Santos, se ha venido discutiendo la importancia de adoptar una nueva reforma integral al sistema pensional colombiano. En efecto, en el primer semestre del 2011 el presidente anunció la intención de su administración de someter al Congreso de la República una reforma al régimen pensional, y se hicieron algunos avances posteriores de concertación entre el gobierno, las centrales de trabajadores y los gremios privados. Esas intenciones de adelantar la reforma han sido reiteradas por el mandatario y sus ministros en los últimos ocho años, sin avances mayores.

La importancia y urgencia de la reforma a las pensiones ha sido resaltada y sustentada con documentos académicos por los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Fondo Monetario Internacional y la Ocde, y por los organismos de investigación, así como por los gremios privados. De acuerdo con los expertos extranjeros y nacionales, esta debe incluir medidas para expandir la cobertura y mejorar la equidad, e introducir reformas paramétricas en las edades de jubilación, tasas de reemplazo y ajustes automáticos en las tablas de mortalidad; separar las comisiones de las AFP de las tarifas del seguro previsional, y afinar los decretos para que el Gobierno asuma el riesgo del salario mínimo y pueda operar el esquema de rentas vitalicias.

El Congreso Internacional Fiap-Asofondos, llevado a cabo este año, concluyó que la única manera de avanzar en la modificación del régimen de pensiones sería conseguir el liderazgo por parte del presidente de la República, y se reiteró la conveniencia de establecer una comisión para la preparación de la reforma. Ese llamado fue acogido por el presidente Juan Manuel Santos.

El gran interrogante de economía política que surge de este repaso histórico es porque, después de casi ocho años en el poder, el gobierno no ha procedido decididamente a presentar al Congreso la reforma a las pensiones que necesita el país, y sobre la cual parece haber un elevado grado de consenso técnico e incluso político, incluyendo al Congreso de la República.

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