Roberto Junguito
columnista

Financiación de la reforma rural integral

Una tarea de MinHacienda es adelantar un análisis de los gastos que se derivan de todos los puntos del Acuerdo para la terminación del conflicto.

Roberto Junguito
Opinión
POR:
Roberto Junguito
septiembre 20 de 2016
2016-09-20 08:27 p.m.
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Quizás el mayor impacto presupuestal que se deriva del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, suscrito en La Habana por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el pasado miércoles 24 de abril y que se firmará la semana venidera en Cartagena, toca con los compromisos contenidos en el punto 1 del acuerdo, titulado ‘reforma rural integral’, la cual se estima que “contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”.

Las erogaciones presupuestales previstas en los programas de la ‘reforma rural integral’ surgen principalmente de los programas convenidos en el acuerdo que acompañarían el acceso efectivo a la tierra mediante la prestación, por parte del Gobierno, de servicios de innovación y acceso a la tecnología, asistencia técnica, riego, crédito subsidiado, facilidades de comercialización y soportes directos a los pequeños campesinos.

También se anuncian apoyos del presupuesto mediante la prestación de bienes públicos como la salud, vivienda, educación, infraestructura, vías terciarias y conectividad. Aunque en el acuerdo general de la paz no se adelantan cálculos del costo presupuestal, se puede argumentar, con base en los estimativos de Fedesarrollo para la Misión Rural, la cual hizo propuestas que están en línea con lo convenido en la estrategia de desarrollo rural integral, que estos, probablemente, alcancen cerca de 1,2 por ciento del PIB anualmente, o, al menos, el 0,6 por ciento, si se restan las asignaciones presupuestales ya previstas.

A estas erogaciones presupuestales para cumplir con lo acordado en el punto 1 de la agenda relativo a la ‘reforma rural integral’ habría que sumarle los costos de la adquisición o compra de tierras para dotar el Fondo de Tierras de aquellas que resultarían necesarias, en el caso que las provenientes de baldíos del Estado no resulten suficientes. Igualmente, lo relativo a seguridad social y protección frente a riesgos laborales, a lo cual hace alusión el acuerdo, los cuales no fueron cuantificados en los ejercicios presupuestales para la Misión Rural, así como los gastos administrativos para poner en funcionamiento el andamiaje institucional y toda la red de planes, comités y comisiones a los que hace referencia el texto.

Vinculado con la actividad agropecuaria, aunque fuera de lo relacionado con el tema de la ‘reforma rural integral’, también tienen que adicionarse los gastos presupuestales vinculados con el punto 4 de la agenda, concerniente a la ‘solución al problema de las drogas ilícitas’, y que se refiere más concretamente a la sustitución de cultivos, gastos que tampoco fueron cuantificados y contemplados en el Informe de la Misión Rural.
Estos, incluso, incorporan el apoyo para el mantenimiento de las familias que opten por la sustitución.

De lo anterior se desprende que una tarea prioritaria del Ministerio de Hacienda es adelantar un detallado análisis y cuantificación de los gastos presupuestales que se derivan de todos los puntos del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto, que, cotejados frente a los recursos disponibles y los aportes internacionales que se esperan recibir, permitan precisar si los nuevos recursos que se esperan recaudar en la reforma tributaria estructural deben incrementarse frente a lo previsto y recomendado por la Comisión de Expertos Tributarios.

Roberto Junguito
Exministro de Hacienda
roberto.junguito@gmail.com

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