El tema de la conveniencia de reformar la institucionalidad del sector agropecuario está al frente de las prioridades de la política económica nacional. Viene siendo analizado por los especialistas del ramo, la Ocde, la Misión Rural y en el Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra para sanción presidencial. Las razones para enfatizar la importancia de fortalecer las instituciones del sector obedecen a que estas son fundamentales para estimular el crecimiento de la producción, recuperar la participación del ramo agropecuario en el PIB, mantener y acrecentar su rol en la generación del empleo, contribuir a la descentralización regional, así como al mejoramiento de la distribución del ingreso y la riqueza nacional.
Las propuestas institucionales para el sector agropecuario y rural giran alrededor de la organización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y sus entidades adscritas. En un estudio de Fedesarrollo, ‘Desarrollo de la agricultura colombiana’, por ejemplo, se propone darle al Ministerio mayor capacidad de planeación y ejecución de las políticas, de manejo de sus entidades, y de interrelación técnica con otras instancias gubernamentales.
Igualmente, sugiere que el papel que debe cumplir en la implementación del desarrollo rural con enfoque territorial está en la coordinación de las acciones a nivel nacional y en su interrelación con las regiones y sus actores. En el documento de trabajo para La Misión Rural, ‘Propuesta de ajuste institucional del sector agropecuario’, se plantea la creación de dos nuevas entidades: La Autoridad Nacional de Tierras, como entidad adscrita al Ministerio con la función de administrar las tierras de la Nación y promover el acceso a estas como activo productivo.
También plantea un Fondo de Desarrollo Rural, adscrito al MADR, como institución encargada de la promoción, estructuración y financiación de proyectos de desarrollo rural. La revisión de la Ocde de las políticas agrícolas habla de la necesidad de reforzar la capacidad y alcance de las entidades asociadas y vinculadas al MADR, la representación institucional a nivel local y la coordinación entre el MADR y otros ministerios y entidades que implementan programas en áreas rurales.
Pero la realidad y lo complejo de la tarea es que al hacer referencia a la reforma a las instituciones, no se debe solo reflexionar en términos de los cambios a introducir en las organizaciones del sector agropecuario, sino en el conjunto de las políticas requeridas para revitalizarlo.
Siguiendo a Douglas North, premio nobel de economía, las instituciones son las reglas de juego de una sociedad, y las organizaciones, por su parte, incluyen los cuerpos políticos, económicos y sociales que apoyan las instituciones y hacen que estas se perpetúen. El gran reto de la administración Santos es avanzar en el desarrollo de la institucionalidad colombiana. En lo que hace a la agricultura, el Plan de Desarrollo 2014-2018 propone la transformación del campo y solicita facultades extraordinarias al Ejecutivo para ajustar sus instituciones, pero salvo una entidad responsable de la administración de tierras, no define en cual dirección se piensan adelantar dichos cambios. Aunque propone una comisión de seguimiento compuesta por congresistas, la realidad es que se requiere no solo ésta, sino una técnica, como la Misión Rural, que desarrolle las propuestas concretas de reforma institucional, que sean discutidas y avaladas posteriormente por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes).
Roberto Junguito
Exministro de Hacienda
roberto.junguito@gmail.com
