El problema social y económico más grave que enfrenta el país es el impacto de la ola invernal. Según datos recogidos por el Ideam, para mayo el número de familias afectadas por la catástrofe superaba las 800 mil, y el de personas, los tres y medio millones. Las pérdidas humanas, los heridos y los desaparecidos se cifran en cientos.
Desde el ámbito geográfico, hay más de 1.000 municipios perjudicados, lo que cubre virtualmente la totalidad del área geográfica de nuestro país. El costo de recuperación, superior a los $7 billones, recaerá sobre las personas naturales y jurídicas afectadas, las aseguradoras y, especialmente, el Gobierno Nacional y los fiscos de municipios y departamentos.
El Gobierno ya ha adelantado giros por más de $3,7 billones para hacer frente al desastre, cubiertos con recursos presupuestales y donaciones captadas a través de la campaña ‘Colombia Humanitaria’. En la cobertura de los daños por parte del sector asegurador, se han recibido reclamaciones por cerca de $500 mil millones y el proceso de indemnizaciones marcha aceleradamente. De este retrato se colige que la ola invernal se constituye, junto con la tragedia de Armero y el terremoto del Eje Cafetero, en uno de los desastres naturales más grandes registrados en nuestro país en la historia contemporánea.
Cabe preguntarse, ¿cómo se verán afectadas la actividad y perspectivas de la economía colombiana a raíz de la ola invernal. Afortunadamente, la tragedia toma al país en una situación económica y fiscal sólida, y con perspectivas de mediano plazo muy positivas.
El FMI estima un crecimiento económico anual en el 2011 cercano al 4,6% y algunos analistas y el Gobierno contemplan que podría acercarse al 6%. No obstante lo que viene sucediendo, el crecimiento anual a marzo del sector industrial fue de 5,2%, mientras que las exportaciones y las importaciones registran auge.
Con respecto a la inflación interna, las expectativas del Banco de la República la fijan cercana al 3%, aunque reconoce que las pérdidas de la producción agrícola pueden redundar en presiones al alza en los precios de los alimentos en meses venideros.
Como resultado de este fenómeno de la naturaleza, el país ha visto severamente afectada la infraestructura de transporte, vivienda, cultivos y ganados, lo que constituye un gran golpe adverso a la riqueza de los colombianos. Se requiere el apoyo del Estado y del sector privado para la reconstrucción y ayuda a los grupos de menores ingresos afectados.
En términos de políticas, el reto inmediato es la asignación eficiente de los recursos del Estado orientados a la reconstrucción y protección de los damnificados. La lección hacia el futuro es la necesidad de complementar el esquema asistencialista posdesastre, con uno de gestión integral del riesgo que permita reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado, al profundizar el aseguramiento contra los desastres naturales de los bienes públicos y de las personas jurídicas y naturales, pues se encontró que sólo entre el 5-10% de los activos afectados por el invierno estaban asegurados.