La economía política de la reforma tributaria ha sido muy interesante. El informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria fue presentado formalmente al Ministro de Hacienda en la época de la Navidad. No obstante, este apenas se conoció públicamente a comienzos de enero, por medio de la prensa, y fue difundido formalmente por Fedesarrollo unos días más tarde. El Ministro de Hacienda dio a conocer, entonces, que el informe iba a ser estudiado por el Gobierno, al tiempo que los pronunciamientos iniciales del primer mandatario hacían aparecer ante la opinión pública que se trataba de un informe tributario más, que sería estudiado en conjunto de otros trabajos adelantados por los organismos multilaterales.
En efecto, no fue sino durante la reunión sostenida con el Consejo Gremial Nacional más tarde en el primer mes del año que el Presidente ratificó que el Gobierno Nacional presentaría al Congreso durante las sesiones ordinarias del segundo semestre una reforma tributaria estructural basada el en las propuestas contenidas en el informe de la Comisión Tributaria, lo que confirmó posteriormente en sus reuniones con la Directora del Fondo Monetario Internacional. Esta decisión resaltaba que las autoridades nacionales, por razones entendibles dada la agenda de la paz, no juzgaban conveniente que el tema de la reforma tributaria se discutiera en el Congreso, de manera paralela con los debates que se vienen adelantando allí sobre los acuerdos de paz de La Habana y el plebiscito que los debe ratificar. Lo más interesante desde el punto de vista de la economía política es que haya sido el propio sector privado, representado por el Consejo Gremial Nacional, el que haya presionado al presidente de la República de poner sobre la mesa la importancia y la urgencia de adelantar una reforma tributaria estructural basada en el informe para la Competitividad y la Equidad Tributaria. Ordinariamente, se esperaría que hubiera sido el gobierno el que estuviera urgiendo la adopción de una reforma fiscal y el sector privado el que estuviera oponiéndose a mayores cargas tributarias. En esta oportunidad el sector empresarial conocía que las recomendaciones de la Comisión estaban dirigidas a reducir la carga tributaria a las empresas, a la vez que se sugerían aumentos en la tributación a las personas e impuestos indirectos mediante incrementos del IVA, y de los gravámenes territoriales.
Hasta lo corrido del mes de marzo solo se han escuchado presentaciones públicas de los miembros de la Comisión, y opiniones, en general bastante favorables, sobre el contenido del informe por parte del sector privado, de los organismos multilaterales y del sector académico especializado. El Gobierno ha estado relativamente silencioso frente al contenido y ambición, en términos de recaudo de la reforma, y los partidos políticos han sido críticos, sin fundamentos explícitos, de los incrementos propuestos en el IVA. El reto es cómo garantizar que el conjunto de las recomendaciones de la Comisión sea aprobado por el Congreso de forma integral. La economía política de la reforma, como lo argumentó el Banco Interamericano de Desarrollo, requerirá la consolidación de un pacto fiscal y, sin duda, también de un compromiso y liderazgo personal explícito por parte del jefe de Estado, así como el apoyo firme de los partidos políticos a la aprobación de la propuesta de reforma tributaria estructural.
Roberto Junguito
Exministro de Hacienda
roberto.junguito@gmail.com
