El concepto de política económica hace referencia a las medidas y actuaciones adelantadas por los gobiernos para incidir en la actividad económica de un país. Las hay de corto plazo, como la rebaja de las tasas de interés de intervención del Banco de la República para incrementar la demanda agregada y el empleo o el aumento de estas para controlar la inflación; también de más largo plazo, como la adopción de un régimen cambiario particular, y la orientación de la política comercial, monetaria y la tributaria.
La política económica también tiene que ver con las estrategias sectoriales de tipo industrial, agropecuario, así como las relacionadas con la vivienda y la minería. De otro lado, y como contraste, el concepto de economía política hace referencia, más bien, a la forma como los entornos políticos, incluyendo las orientaciones de los partidos políticos y las decisiones del Congreso y la opinión pública influyen y, en gran medida, determinan las políticas que efectivamente se adoptan.
Uno de los grandes activos de Colombia ha sido la continuidad que ha tenido la política económica, independientemente de los gobiernos de turno. La política monetaria y cambiaria ha estado a cargo de la junta directiva del Emisor a raíz de la Constitución de 1991 y ha tenido el mandato de defender el poder adquisitivo de la moneda, o sea de controlar la inflación, para lo cual han adoptado esquemas útiles como el régimen de tasa de cambio flexible y el de inflación-objetivo, adoptados desde fines del siglo XX.
En el ámbito tributario, en el país se ha tenido la tradición de dar prioridad a la estabilidad fiscal, lo que se ha conseguido con esquemas como la ley de responsabilidad fiscal y la regla fiscal, así como con la aprobación de reformas tributarias en el Congreso para consolidar dicho propósito.
En la actualidad, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha propuesto desarrollar una política económica dirigida a mejorar la estructura fiscal del país por medio de una rebaja de la tasa de tributación a las empresas, pues la vigente desincentiva la inversión y es muy alta en términos comparativos internacionales, compensando la reducción de ingresos resultante con ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA) al reducir exenciones, pero haciendo devoluciones de este tributo a los sectores más pobres de la sociedad y controlando la evasión de impuestos, así como mediante otras medidas dirigidas a elevar los ingresos tributarios como a reducir y reorientar del gasto público y racionalizar los subsidios, cuyas disposiciones concretas se presentarán al Congreso y a la opinión pública en los días venideros.
Desde la perspectiva de la economía política, el reto del Ministro de Hacienda y del propio Presidente de la República es conseguir que las propuestas de reforma en el frente fiscal, que lucen bien encaminadas, sean entendidas por la opinión pública, apoyadas por los partidos políticos y aprobadas por el Congreso y sancionadas por las cortes, a la vez que resulten ser suficientemente profundas para reactivar la economía, cimentar la estabilidad fiscal y, en consecuencia, creíbles para los mercados internacionales. La aprobación de estas medidas mediante una ley de financiamiento será la gran prueba ácida para la administración Duque en materia económica.