Desde inicios de la primera administración Santos Calderón se ha venido discutiendo la importancia de adoptar una nueva reforma integral al sistema pensional. En efecto, en el primer semestre del 2011 el presidente anunció la intención de someter al Congreso una reforma pensional, y se hicieron algunos avances de concertación entre el gobierno, las centrales de trabajadores y los gremios privados.
Los ajustes al sistema introducidos entre el 2010 y el 2018 se han limitado a la introducción del sistema de multifondos en las AFP, la cotización por semanas para trabajadores independientes, la pensión familiar, el fortalecimiento de programa Colombia Mayor y el desarrollo incipiente del esquema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), así como la expedición de un decreto por el cual el Gobierno asumirá el riesgo de salario mínimo que no pueden ser previstos con anticipación por las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias.
El gobierno encomendó a la Comisión del Gasto y la Inversión Pública adelantar el diagnóstico y recomendaciones sobre las bases de una nueva reforma. El Informe de la Comisión plantea las siguientes recomendaciones: aumentar la edad de jubilación; utilizar el promedio del salario de la vida laboral para calcular el ingreso base de liquidación; aumentar los porcentajes de cotización al 18 por ciento para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema; reducir el tope de 25 salarios mínimos para las pensiones del Régimen de Prima Media (RPM); establecer un gravamen a las pensiones altas; fortalecer el programa de Colombia Mayor y revisar integralmente el sistema de Beps. También se sugiere revisar los regímenes de maestros y militares para asemejarlos al régimen general.
Respecto al establecimiento de un pilar solidario, presenta dos opciones que continúan siendo tema de debate: una, es que las nuevas cotizaciones vayan exclusivamente al Rais, en tanto que las pensiones de jubilados actuales del RPM y de aquellos con expectativas cercanas serían pagadas por Colpensiones. Estas propuestas suponen la permanencia del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y de la garantía correspondiente, la cual se financia con los aportes de los trabajadores al fondo. La otra es que los trabajadores cotizarían por un salario mínimo al RPM administrado por Colpensiones, y a un sistema de capitalización individual por el excedente. En esta alternativa, el subsidio requerido para cumplir con la garantía de pensión mínima en el RPM lo cubre el Gobierno y sería decreciente a medida que aumenta el ahorro individual de los afiliados al sistema.
En la decisión final deberá tenerse en cuenta que entre los principios que deben guiar una buena reforma a las pensiones, según la experiencia internacional, están el establecimiento de un pilar solidario con financiamiento basado en ingresos fiscales del Estado, la complementariedad de los pilares, la adopción de reformas paramétricas como serían los aumentos en la edad de jubilación y de las tasas de cotización, el establecimiento de incentivos al ahorro voluntario, la reducción de la incertidumbre del pensionado frente al flujo de sus ingresos futuros mediante la creación de un esquema de rentas vitalicias y el fortalecimiento de la competencia entre las diversas administradoras de fondos de pensiones y las aseguradoras, temas que, en su mayoría, abordó la Comisión.
Estaremos a la expectativa de verificar la prioridad efectiva que el próximo presidente de la República otorgue a la reforma pensional.