El reto principal que enfrenta el presidente Santos y su administración para su último año de gobierno, es cómo reactivar la economía, ya que, según la mayoría de los analistas, seguramente la tasa anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estará por debajo del 2 por ciento anual en el año en curso, y del 3 por ciento en el 2018.
Hasta ahora esto se ha buscado –sin éxito todavía palpable– mediante la rebaja en la tasa de interés de intervención del Banco de la República, con la esperanza de que dichas rebajas se traduzcan en menores tasas de interés de los créditos del sistema financiero y, por esa vía, en un incremento en la compra de bienes y servicios, o sea, en la demanda agregada como lo denominamos los economistas.
El problema, sin embargo, como bien lo ha reconocido el Ministro de Hacienda, es que ya se está terminando el espacio de reducción de las tasas de interés del Emisor, ya que la inflación se debe mantener bajo control y, ello exige a las autoridades que las tasas de interés sean positivas en términos reales. Tampoco existe campo mayor para incrementar el gasto público y estimular, por esta vía, la demanda agregada, pues para cimentar la credibilidad de la política económica se debe cumplir, de manera estricta, con la denominada regla fiscal estructural, la cual establece un nivel tope permisible al déficit fiscal del Gobierno Nacional con relación al PIB, lo que limita el endeudamiento para la expansión del gasto.
Otra fuente potencial de estímulo al crecimiento de la economía es la inversión privada en los proyectos de infraestructura vial de cuarta generación y las denominadas iniciativas privadas APP, así como la construcción de vías terciarias. Si bien se debe reconocer que la primera ola de proyectos de infraestructura vial 4G vienen despegando, la realidad es que varios de los proyectos, sobre todo de las APP, no han podido consolidar un financiamiento adecuado y su inicio ha sido bastante lento. En cuanto a los recursos para las obras públicas de vías terciarias, también está pendiente la aprobación de una reforma a la ley de regalías que permita dirigir a estas recursos originalmente previstos para la investigación y desarrollo, que no se venían utilizando.
Asimismo, el gobierno tiene una esperanza fincada en los dividendos de la paz. Para lograrlos, es conveniente avanzar en la aprobación y puesta en marcha de los proyectos de ley vinculados con el posconflicto. Es también necesario consolidar la sustitución de cultivos ilícitos de una manera acelerada y la expedición de una ley de tierras que facilite el acceso a la tierra a los campesinos, sin tierra o con terreno insuficiente, pero que, a la vez, permita el avance en el desarrollo de la agroindustria por parte de los agricultores comerciales. Para conseguirlo es indispensable que las acciones del posconflicto traigan consigo una mayor confianza para la inversión extranjera y privada interna, en particular en las zonas rurales del país.
En fin, el gran reto de fin de gobierno es sentar las bases para acelerar el crecimiento de la economía colombiana, lo que requiere un ambiente de paz, confianza inversionista, estabilidad fiscal, financiera y política para poder así, también, estimular el empleo, reducir la pobreza, e incrementar el bienestar social de los colombianos menos favorecidos.
Retos de fin de gobierno
El gran reto para este gobierno que está finalizando es sentar las bases para acelerar el crecimiento de la economía colombiana.
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