Las convenciones de los gremios de la producción han comenzado a ser epicentro de las discusiones entre el gobierno, encabezado por el presidente Duque y su equipo económico, y el sector privado.
Esta semana el turno es para Asobancaria. El debate girará en torno a los retos de la economía colombiana y las políticas que deben adoptarse. El primero es la orientación de la política macroeconómica, y, en particular, la reactivación de la economía en un ambiente de estabilidad de precios, mayor empleo y equidad, como lo ha resaltado el presidente y el ministro Carrasquilla. Para lograrlo, resulta esencial otorgar continuidad a la política económica que ha sido el gran activo de Colombia, así como defender y fortalecer las instituciones económicas, manteniendo un adecuado balance entre la continuidad del manejo macro y las nuevas reformas.
El segundo, es la adopción de una reforma tributaria. Como lo ha señalado el nuevo rector de las finanzas, esta debería comprender un alivio en el impuesto a la renta de sociedades y empresas; la ampliación de la base tributaria de personas naturales y del IVA, estableciendo devoluciones a los más pobres, y la lucha contra la evasión. Desde el ámbito de la economía política, el reto es armonizar las propuestas del ministro Carrasquilla con las del expresidente Vargas Lleras.
El tercero tiene que ver con el gasto público y la regla fiscal. Como lo planteó la Comisión del Gasto Público, debe emprenderse una reforma presupuestal que unifique en una sola entidad los diversos presupuestos; introduzca el presupuesto por programas, y otorgue más flexibilidad a la asignación de los recursos, revisando las rentas de destinación específica, los subsidios y exenciones tributarias. También debe solucionarse el financiamiento de faltantes para educación y salud. Asimismo, resulta esencial dar un estricto cumplimiento de la regla fiscal y evaluar la conveniencia de establecer un Consejo Fiscal Consultivo independiente que opine públicamente sobre las iniciativas de gasto público.
El cuarto es aprobar una nueva reforma pensional que resulte en mayor cobertura, equidad y sostenibilidad financiera del sistema. Entre los elementos para conseguir duplicar la cobertura, que es la meta del gobierno, se debe fortalecer apoyo al programa del adulto mayor, profundizar el esquema de los Beps y hacer uso del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En cuanto a la equidad, gravar pensiones altas, reconocer intereses a aportes a Colpensiones, e igualar beneficios entre sistemas y para la sostenibilidad financiera, se deben elevar las edades de retiro y tasas de cotización. Desde el ámbito de la economía política, lo fundamental es lograr la armonización de los dos sistemas introduciendo un pilar solidario.
El quinto es la reforma rural integral, la política de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos. Se debe partir por fortalecer el Ministerio de Agricultura y sus instituciones; asignar un presupuesto mayor al sector agropecuario y dirigido a provisión de bienes públicos, en lugar de subsidios directos; aprobar una ley de tierras amigable con desarrollo de agricultura comercial; revisar el esquema de planes de desarrollo con enfoque territorial; precisar el rol de las comunidades previsto en el Acuerdo de La Habana, y definir una política más efectiva de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. En fin, el nuevo gobierno afronta inmensos retos que esperamos enfrente exitosamente.
Roberto Junguito
Exministro de Hacienda
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