La agricultura en Colombia ha perdido terreno frente a sectores como construcción, servicios y minería.
Para el 2011, la participación del ramo agropecuario en el PIB alcanzó el 6,3%, frente a cerca del 30% que representaba a finales de los 60.
No obstante, el agro sigue siendo fundamental para la generación de empleo, la producción de alimentos de consumo interno y las exportaciones.
El año pasado, el sector generó alrededor del 19% del empleo nacional.
Colombia dispone de más de 50 millones de hectáreas con uso potencial en la actividad agropecuaria y se estima que solo se utilizan cinco millones en la agricultura (un millón en el cultivo del café) y cerca de 35 en ganadería extensiva.
Para estimular la producción, formalizar el empleo y reducir la pobreza rural es indispensable identificar los riesgos que enfrenta la actividad agropecuaria y adoptar las políticas más apropiadas para prevenirlos.
Estos son de diversos tipos: económicos, sociales, políticos, jurídicos y naturales.
Entre los económicos hay algunos que provienen del entorno mundial, como la volatilidad de los precios. Por ejemplo, la caída en los precios del café en las bolsas internacionales repercute directamente en menores ingresos del caficultor colombiano.
Por su parte, el renombrado TLC con EE. UU tendrá un impacto de envergadura sobre la producción y el comercio agrícola de nuestro país.
Asimismo, el entorno mundial afecta a la agricultura por medio de los flujos de capital extranjero.
Si bien estos han estimulado la inversión, también han sido responsables principales de la apreciación de la tasa de cambio. La actividad del agro depende, de manera fundamental, de la política económica interna.
El manejo monetario y de tasas de interés, la política cambiaria, la política tributaria y la asignación del gasto para la provisión de bienes públicos, entre ellos la educación, la salud, la seguridad social y la infraestructura, son tan importantes como las propiamente dirigidas al sector, es decir, el crédito y la investigación agrícola.
La agricultura es particularmente vulnerable a riesgos naturales no solo de tipo biológico y fitosanitario, sino a los derivados del clima, como las inundaciones y sequías.
Para enfrentarlos se requiere de un inmenso esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado en la investigación de variedades de alto rendimiento y resistentes a las enfermedades, en conjunto con la transferencia de conocimientos a los campesinos.
Respecto a la incertidumbre del clima es necesario desarrollar en mayor profundidad los seguros agrícolas.
Aunque que el Gobierno subsidia el 60% del costo de las primas, solo cerca de 50 mil hectáreas están cubiertas con seguros, por lo cual debemos aprender y poner en marcha las experiencias exitosas adelantadas en países como España y México.
Para terminar, cabe agregar que en Colombia los riesgos de la agricultura se exacerban con la situación de inseguridad en los campos, el cultivo de productos ilícitos, el narcotráfico y la incertidumbre jurídica sobre la propiedad, lo que ha llevado a la administración Santos a darle prioridad a la Ley de Tierras.
En fin, hacemos un llamado para redoblar esfuerzos para reducir los riesgos de la agricultura, en aras de aumentar la producción y el bienestar rural, y conseguir que el sector realmente se convierta en una locomotora, como lo propone el Plan de Desarrollo.
Roberto Junguito