Roberto Junguito
Columnista

Riesgos económicos del 2018

El próximo gobierno enfrentará dificultades para aprobar en el Congreso iniciativas de su plan de desarrollo, debido a la polarización que se vive en el país.

Roberto Junguito
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Roberto Junguito
noviembre 14 de 2017
2017-11-14 07:15 p.m.
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Terminándose ya el 2017, cabe reflexionar sobre los riesgos económicos para el próximo año. El primero será la dificultad que enfrente el nuevo gobierno para aprobar en el Congreso las iniciativas de su plan de desarrollo y las reformas estructurales que requiere el país como resultado de la agudización de la polarización política que se vive.
El segundo, de cierta forma derivado del anterior, pero también de la baja actividad económica predominante, es la acentuación de la pérdida de confianza de los inversionistas con la consecuente caída de la inversión privada y desaceleración del crecimiento económico de mediano plazo.

El tercero es que las normas, leyes y decretos del denominado fast track para poner en marcha los acuerdos de paz no se adelanten de manera transparente y generen mayor incertidumbre para el sector privado. El cuarto factor, que puede traer consigo un impacto adverso en la confianza inversionista, está originado en los poderes otorgados por la Corte Constitucional a las comunidades locales para decidir sobre el uso de la tierra, sumado a la falta de información y conocimiento para evaluar los beneficios netos de largo plazo para su región y el país de una explotación minera responsable y una expansión de áreas para cultivos y explotaciones agroindustriales, lo cual puede poner freno al desarrollo del país.

El quinto son los retardos que se puedan presentar en el desarrollo de las obras de infraestructura 4G, derivados del temor a que se acentúen casos de corrupción, como el originado por Odebrecht, que puedan estrechar el acceso al financiamiento; la falta de legislación para dar garantías de reembolso de los recursos invertidos a los bancos, en caso de suspensión de las concesiones, y de los problemas para finalizar las obras por problemas con las comunidades y los permisos ambientales.

Otros dos riesgos están vinculados con los desequilibrios fiscales. El sexto riesgo, este de carácter legal, pero con implicaciones económicas profundas, es la continuación de la incertidumbre, originada por las decisiones de las cortes, sobre todo, en lo que hace a los mandatos de extender beneficios sociales derivados de nuestro Estado Social de Derecho que impliquen más gastos públicos y un desequilibrio mayor en las finanzas públicas. De otro lado, y como séptimo riesgo está la posible dificultad política de incrementar la carga tributaria general del país y la de reducir y hacer más eficiente el gasto público, según los lineamientos y recomendaciones que salgan de la Comisión de Gasto Público.

Del lado externo también existe, como octavo riesgo, la probabilidad de enfrentar una reducción del acceso a los mercados externos y una continuada baja de la inversión extranjera directa, si algunos de los riesgos señalados atrás se materializan. Asimismo, y en noveno y décimo lugar, están el impacto adverso que pueda traer al país un freno en la actividad económica mundial y un desarreglo en las relaciones económicas con Estados Unidos.

En fin, la realidad es que, aunque el manejo económico en estos años ha sido adecuado, el crecimiento de la economía es débil y el país enfrenta riesgos tanto internos como externos que deberá enfrentar y solucionar el próximo gobierno. Esta situación ilustra la importancia del proceso electoral que se avecina.

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