Rodolfo Segovia S.
columnista

Atraco a proceso armado

Una cosa es fallar en derecho y otra abrogarse derechos de demiurgos, con intensiones ignotas y por indagar, o por mondada y física burrada.

Rodolfo Segovia S.
Opinión
POR:
Rodolfo Segovia S.
junio 08 de 2017
2017-06-08 11:28 p.m.
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Los intérpretes de la indigesta Constitución de 1991, aún no han conseguido establecer hasta dónde llega el derecho de uno y adonde alcanza el derecho ajeno. Para los derechos colectivos, la confusión es mucho peor. Ese embolate de los magistrados está en la raíz de la inseguridad jurídica, que todos los días manda la institucionalidad colombiana al paredón. La olla de artículos constitucionales mal digeridos es caldo de caníbal.

Un fallo reciente del Tribunal Contencioso de La Guajira tritura el sentido común, a tal punto que un desprevenido observador olería quizá que el bicho tiene cola. En el 2001, un atentado terrorista hizo explotar el gaseoducto Ballenas-Barranquilla, de Promigas, a la altura de la carretera Maicao-Riohacha. El incendio fue devastador e inhumana la alevosía para causar el máximo de siniestrados. No se trató de un accidente. La pruebas forenses revelaron incluso la composición del explosivo empleado, sin que se detectara falla operacional de Promigas. En el 2008, los tres autores materiales, milicianos de la Farc, uno de ellos con quemaduras profundas, fueron condenados a penas de 40 años por homicidas. Son candidatos primos a acogerse a la JEP.

El tribunal en Riohacha ha confirmado el fallo de un juzgado local en el 2014, que condenó a Promigas y al Ministerio de Minas y Energía a pagar 3’700.000 pesos a los perjudicados por el atentado. Su esencia: a los reos les es aplicable el régimen de “responsabilidad por riesgo excepcional”. ¿Cuál riesgo? El creado con anterioridad por las víctimas. Doloroso, pero cuando se construyó el gaseoducto, en ejercicio de una servidumbre avalada por el Estado para un servicio público como el gas natural, los terrenos a su paso eran baldíos, no había ni chivos, y, de todos maneras, el tubo tenía poco de peligroso, excepto en manos criminales. Inesperados dividendos del terrorismo.

La peculiar y rebuscada interpretación del derecho de unos, sin espacio para el derecho ajeno, se sustenta en que el acto terrorista era previsible, dada la inseguridad reinante en el momento. Según el Tribunal, el riesgo lo creó Promigas, sin consideración a que el gaseoducto atendía necesidades de energía de la costa Caribe. Debía, por lo tanto, responsabilizarse de la vigilancia, en un país que, en el 2001, iba hacia el abismo. Esa parecería ser una clara invitación al paramilitarismo. Cómo más hubiese podido asegurar 300 kilómetros de tubo. El fallo podría seleccionarlo el Consejo de Estado para revisión excepcional, asunto de cinco años, pero la sentencia es ‘cobrable’, si no otorga el efecto suspensivo. Nuevos ricos.

Las implicaciones de las tesis riohacheras son infinitas. Se aplican al municipio responsable de los daños causados por el bus que atropella: riesgo excepcional; o a los constructores del peralte de la autopista, sin consideración a la velocidad del conductor accidentado: riesgo excepcional; y hasta a la concepción de inesperados trillizos: riesgo excepcionalísimo. Cuando el oidor de la Real Audiencia bajó a Cartagena en 1697, para investigar el riesgo excepcional de su saqueo por piratas, don Sancho Jimeno, aunque héroe, hubiese merecido, según el Tribunal de marras, una condena por impróvido.

El desprevenido observador cavila sobre si los señores magistrados no deberían ser sujetos de investigación por el Consejo Superior de la Judicatura. Una cosa es fallar en derecho y otra abrogarse derechos de demiurgos, con intensiones ignotas y por indagar, o por mondada y física burrada. En ambos casos, merecen un vistazo.

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