Rodolfo Segovia S.

Conflictos de competencia

Rodolfo Segovia S.
POR:
Rodolfo Segovia S.
julio 03 de 2008
2008-07-03 11:52 p.m.
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Hoy se cumple el décimo séptimo aniversario de la Constitución de 1991. Ha sido cuna de trenes proclives a chocarse. La sabia Constitución de 1886 previó una sola Corte. En la más moderna, los incansables aspirantes a la carrera judicial obtuvieron dos: una de casación y otra constitucional. Significan más empleos togados, mejores salarios, más presidencias, más figuración, más poder y prebendas simoníacas.

Por otra parte, la de 1886 había sido decantada e interpretada. Con la nueva se reinicia el proceso y, dada su imprecisión e incorrección gramatical, ofrece múltiples ocasiones para legislar desde los estrados. ¡Morsello di cardinale! Son cuatrocientos artículos, parágrafos e incisos para sacarles punta y generar inseguridad jurídica. Con razón los cínicos consagran como regla universal que el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos son inversamente proporcionales a la complejidad constitucional.

El articulado también es una mina de conflictos de competencia.

La Corona Española cultivaba esos conflictos como política
imperial. Así mantenía a raya, enfrentándolos a sus lejanos gobernadores, contadores y oidores. Los tiempos han cambiado y con la separación de poderes legada por las revoluciones americana y francesa hoy se busca equilibrio, en vez de tensión. El pasado, sin embargo, tiene la mala costumbre de hacerse presente. La raíz colonial de las instituciones asoma por los resquicios. Don Sancho Jimeno da fe que en su época, los enfrentamientos entre los poderes eran el pan de cada día.
Después de su bravía defensa de Bocachica contra los franceses, don Sancho fue testigo y víctima de las secuelas del saqueo de Cartagena en 1697. Mientras la Audiencia de Santa Fe nombraba al oidor Alcedo para investigar los graves hechos, el gobernador De los Ríos, autor de la vergonzosa capitulación de la ciudad, regresaba muy orondo a retomar el poder. No la tuvo fácil el pesquisidor. Después de enfrentar al gobernador toledana en mano, fue dar con sus huesos en la cárcel, mientras le despachaban exilado a La Habana. De los Ríos no reconocía la competencia de la Audiencia. Rechazó además, por la fuerza el intento del tribunal en Santa Fe de posesionar al gobernador de Santa Marta como encargado en Cartagena, argumentando que "solo él era juez del asunto en tanto el rey nombrase otro".

Mientras tanto, Alcedo había logrado llegar a España con su acusador informe. El rey designó en 1698 a Juan Díaz Pimienta para regir la provincia, al tiempo que el Consejo de Indias nombraba a Julio Antonio Tejada, nuevo juez pesquisidor. Se detuvo a De los Ríos (como también a don Sancho Jimeno) y se confiscaron sus bienes. Poco a poco, sin embargo, el nuevo gobernador fue desplegando inexplicadas simpatías por su antecesor, que sobornó a sus guardias y se fugó a Francia. A Tejada en cambio le aplicaron grilletes ¡Oh competencias!
No termina ahí el choque de jurisdicciones. La Audiencia, descontenta, envía al oidor Bernardino de Isunza para que prosiga la investigación. Más leña al fuego: Díaz Pimienta se enfurrusca y afirma que "el juez y los de su profesión pretendían ser gobernadores, capitán general y hasta el mismísimo rey de las Indias". Por su parte, el oidor acusa a los gobernadores de que "se unían, con su poder despótico, en contra de los togados".

A la postre, en 1703, el rey Felipe V de España, francés él, resolvió dar por terminada la causa contra De los Ríos y los demás oficiales. Conceptuó que a los reos se les estaba tratando con excesiva dureza, y que durante el ataque no había habido colusión con el verdugo de Cartagena, el barón de Pointis. Borrón y cuenta nueva. A don Sancho, molesto, le retumbaban todavía en los oídos los cañones piratas, pero reconocía la dimensión baladí de los conflictos de competencia frente al tamaño de la liberación de Íngrid Betancourt.

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