Entre las grandes obsesiones del presidente Santos cuando inició su primer mandato en el 2010, estaba el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el club de las mejores prácticas, del cual forman parte tan solo 36 países del mundo.
Pues bien, ocho años después y fruto del trabajo decidido en cada uno de los 23 frentes para los cuales la Ocde cuenta con comités de aprobación, la semana pasada Colombia fue admitida como miembro pleno de esta Organización. Una gran noticia para el presidente y para el país. ¿Qué significa esto en la práctica, y qué implica en términos de compromisos de mediano y largo plazo?
Para comenzar, a partir de ahora, el gobierno cuenta con acceso privilegiado y de primera mano a las experiencias de política pública de los países miembro en las más diversas áreas de política, aprendiendo tanto de lo bueno como de lo malo de estas. Con este conocimiento, Colombia podrá enfrentar exitosamente lo que es su principal reto de cara a los próximos años: incrementar la productividad.
De otro lado, el solo proceso de acceso ya le generó beneficios al país a través de los ajustes de política pública que surgieron de las exigencias de los comités que evaluaron a Colombia en los últimos años en frentes como educación, corrupción, salud, empleo, competencia, comercio y política fiscal, entre otros.
En lo relacionado con corrupción, por ejemplo, se promulgaron un estatuto anticorrupción y la Ley Antisoborno; además, hoy es posible contar con toda la información de la contratación pública del Gobierno Nacional en línea. En materia laboral, se fortaleció la capacidad de inspección por parte del Ministerio del Trabajo con el acompañamiento de la OIT, a través del aumento de inspectores y la mejora de sus condiciones laborales y salariales. En los temas fiscales, Colombia adhirió a la convención sobre asistencia mutua en temas tributarios, que permite el intercambio de información con 117 países para combatir la evasión tributaria.
Adicionalmente, se fortaleció e independizó la regulación financiera para facilitar el financiamiento del emprendimiento y del consumo de los colombianos. Y, en aras de una mayor transparencia, se profesionalizó el gobierno de las empresas públicas, sacando de sus juntas directivas a los ministros del despacho.
Ser un país Ocde envía, además, señales positivas al mercado y a los inversionistas, pues tendrán mucha más confianza para adelantar proyectos en Colombia con la certidumbre de que habrá políticas públicas serias, que cumplen con los más altos estándares de calidad.
No obstante, haber logrado el acceso a esta Organización es tan solo el comienzo de un largo camino que Colombia deberá transitar para convertirse verdaderamente en uno de los mejores.
Si bien no existe el caso de que un país haya sido expulsado de esta entidad por no adherirse a las prácticas recomendadas, el seguimiento por parte de los distintos comités y la publicación de los resultados de sus evaluaciones, constituyen un gran incentivo para que sus miembros hagan la tarea y no caigan en el descrédito.
Así, por ejemplo, si Colombia empezara a tomar medidas que atenten contra la libre competencia, pusiera ministros en las empresas públicas o discriminara la inversión extranjera, sería duramente criticado por parte de la Ocde y pondría en juego su prestigio. Con la entrada a este club de las mejores prácticas no solo gana el gobierno, también gana el país.
